Por: Balmore González Mira
Desde la academia siempre se ha dicho que hay funciones públicas en el Estado que deberían ser un monopolio, entre ellas la administración de justicia y la fabricación, importación, comercio y manejo de las armas, entre otros. Es decir que solo el estamento estatal lo debe ejercer. Esta teoría se ha ido modificando cuando algunos particulares cumplen esa misión, como el caso de los centros de conciliación particulares o cuando las empresas de seguridad privada asumen unas funciones que van más allá de la vigilancia de bienes privados; incluso muchas entidades estatales, casi todas, contratan la seguridad privada para proteger también sus bienes.
Ante el deterioro de la seguridad que hoy padece el país, solo comparable con la inseguridad que vivíamos hace 25 años, cuando perdimos toda esperanza y se esbozó la teoría del estado fallido, Colombia no vivía una sensación de inseguridad y una falta de seguridad real, peor que en los tiempos en que las farc nos tenían sitiados. Ahora no solo son las nuevas farc, sino que son cualquier cantidad de grupos delincuenciales los que nos tienen amenazados por toda la geografía nacional, reforzado lo anterior por la fallida paz total que no es más que la impunidad y rearme total; mientras esto ocurre más de 24 mil efectivos de la fuerza pública han pedido su baja de las filas y más de 600 de los mejores oficiales han sido retirados del servicio bajo la potestad de la discrecionalidad que da la normatividad al ejecutivo.
La seguridad es la mayor generadora de impuestos en Colombia y en cualquier país demócrata del mundo, por ello, crear una tasa que se le cobre a los ciudadanos para ayudar a recuperar la seguridad no es un impuesto más, toda vez que si se aumenta la productividad habrá suficiente dinero para pagar impuestos y no habrá necesidad de crear sobretasas para destinarla a ello, pues lo generado por los impuestos pagados por los ciudadanos serían suficientes para proveer a la fuerza pública de los recursos humanos y tecnológicos para garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Pero como ahora no hay generación suficiente de riqueza, no hay suficientes impuestos para cobrar y el gobierno nacional ha abandona la vocación de apoyo a las fuerzas militares.
Lo anterior me sirve como fundamento para explicar porque es tan importante que si el gobierno nacional está con la obligación de la seguridad en todo el territorio colombiano y no lo hace, los entes territorioles, como en este caso el departamento de Antioquia, busca los mecanismos legales para no dejar desprotegida a su población, como obligación de los buenos gobernantes.
