La histórica empresa de explotación hullera, Carbones San Fernando, cierra sus puertas.
Informe Especial El Occidental
“La empresa Carbones San Fernando tiene la mina más grande de la Cuenca del Sinifaná, se encuentra ubicada en el municipio de Amagá, vereda Piedecuesta, genera alrededor de 550 empleos directos y unos 2.000 indirectos. Recordamos que en el año 2010 se vivió una tragedia en el proyecto Mina San Joaquín, ubicado en el mismo municipio y vereda, en la cual perdieron la vida 73 mineros a causa de una explosión de metano y polvo de carbón. A la situación actual de la empresa la precede la muerte de su líder, Ingeniero de Minas, Juan Ricardo Montalvo, ocurrida hace apenas dos meses”. Con este corto relato comienza lo que podría ser una gran pérdida económica, no solo para el municipio de Amagá en el Suroeste antioqueño, sino para la región y todo el departamento.
Un experto en el tema minero nos manifiesta que “esta situación puede conllevar a una problemática social, económica, de seguridad minera y ambiental, tal como se presentó años atrás con la liquidación de la empresa Industrial Hullera. Con el objeto de evitar una problemática igual a la que se presentó con esta última empresa, se hace necesario aunar esfuerzos interinstitucionales: Agencia Nacional de Minería, Secretaría de Minas, Ministerio de Minas, Corantioquia, Ministerio del Trabajo, Dagred, EPM, etc.”
Continúa buscando soluciones: “Igualmente se debe establecer una hoja de ruta para el proceso de cierre de la mina, bien sea temporal o definitivo, en la cual se debe buscar que el activo minero (reservas mineras, infraestructura subterránea y de superficie) sea preservado, con el objeto, como primera opción, de explorar la posibilidad de que otras empresas puedan adquirirlo o, en su defecto, para respaldar las acreencias que tiene la empresa con los trabajadores; buscar mecanismos que conlleven a alternativas laborales; establecer alternativas que garanticen las obligaciones de índole pensional y de seguridad social para los trabajadores”.
Un plan de cierre temporal, con el objetivo de minimizar los riesgos de afectaciones ambientales, y el monitoreo de la seguridad minera por parte de la Agencia Nacional de Minería, podría ser muy útil y pertinente. De otro lado, y como elemento esencial, se debe garantizar la continuidad del suministro de energía, ya que sin este insumo no hay ventilación, y si no hay ventilación no se podría realizar el mantenimiento a las instalaciones subterráneas y, por ende, no se podría garantizar la preservación de los activos que hay bajo tierra. Igualmente, se debe garantizar la continuidad de la vigilancia, ya que en otras empresas mineras de la Cuenca Carbonífera que han padecido esta situación, posterior al cierre de sus operaciones, han sufrido el hurto de equipos, redes eléctricas y otros enseres, y se ha propiciado el acceso para el ejercicio de la minería sin título, la cual en la mayoría de los casos se ejecuta con unos bajos estándares de seguridad, lo que ha conllevado a la pérdida de vida de mineros en accidentes lamentables.
Conocedores de esta historia le han narrado a El Occidental que “la situación de la empresa Carbones San Fernando se suma a otras empresas que han padecido la misma situación: antes, Industrial Hullera, que explotó la mina El Silencio-Villa Diana (Amagá) y que fue liquidada a mediados de los 90; a esta la siguió Mineros Unidos (empresa integrada por extrabajadores de Industrial Hullera), la cual retomó la explotación de la anterior mina, pero debido también a problemas económicos terminó cerrando sus operaciones en el año 2006; luego siguió la empresa Carminales S.A., que explotó la mina denominada El Bloque, ubicada en el municipio de Fredonia, la cual cerró sus operaciones en el año 2011; y a este cierre lo siguió la mina Nechí, también ubicada en Amagá, explotada por la empresa Sparta S.A., y cerró sus operaciones en el año 2017. Como característica común, todas estas minas eran de las más grandes y antiguas de la Cuenca Carbonífera del Sinifaná, lo cual conlleva a que sus instalaciones subterráneas cada vez sean más profundas, lo que se traduce en más recursos para explotación que hacen incrementar los costos en el transporte, en el drenaje en contra de la gravedad (bombeo) y en el mantenimiento del sostenimiento (alto consumo de madera y salarios) de la red de túneles que sirven para el transporte y ventilación. Para citar un ejemplo, el solo mantenimiento mensual de la mina El Silencio-Villa Diana en El Silencio, en el año 2010, costaba alrededor de 30 millones de pesos mensuales, sin sacar absolutamente nada de carbón, es decir, sin producir un peso por explotación”, con lo que queda claro que ha sido toda una vida de minería del carbón en esta región.
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Como puede observarse, el cierre de esta empresa es una situación que va a seguir presentándose no solo por las razones expuestas, sino también por las políticas antimineras del actual Gobierno Nacional, el cual, a través de la imposición de restricciones ambientales y agrícolas, a punta de decretos y resoluciones, va a acabar la actividad minera no solo en la Cuenca Carbonífera, sino en todo el Suroeste antioqueño, en el departamento de Antioquia e incluso en todo el país, desconociendo la connotación de dicha actividad como de utilidad pública, tal como lo establece el artículo 13 de la Ley 685 de 2001; y sin implementar un plan de diversificación laboral que conlleve a reducir los impactos sociales y económicos y el desempleo que se vislumbra.
En el área del contrato de concesión, recientemente las autoridades han detectado cerca de 20 manifestaciones de explotación ilícita de carbón, realizada por personas indeterminadas, situación que podría verse incrementada con la suspensión de actividades mineras por parte de la empresa Carbones San Fernando, principalmente en el sector de El Pontón (antigua bocamina), con lo que podemos concluir que la actual política minera del Gobierno Nacional solo conlleva a más informalidad y más desempleo para las regiones tradicionalmente mineras del departamento.
