Por: Balmore González Mira
Los municipios en Colombia se dividen o categorizan en tres grandes grupos de conformidad con su población, presupuesto y rentas; en una explicación que resulta elemental para no ahondar en otros temas académicos o de doctrina, los podemos clasificar como los municipios grandes, que son los de categoría especial y primera categoría, donde están las grandes capitales; los intermedios, donde están los municipios de segunda, tercera y cuarta categoría y los municipios pequeños que son los de quinta y sexta categoría; estos últimos con entre 10.000 a 20.000 habitantes los de quinta y de 10.000 habitantes o menos los de sexta.
Casi 1.000 municipios de los 1.101 que hay en Colombia, pertenecen a este último grupo, lo que evidencia en efecto que la provincia o la ruralidad tienen una inmensa población, pero sobre todo una gran extensión en territorio capaz de sostener a sus habitantes y de recibir a quienes podrían regresar de sus migraciones o lleguen a habitar su espacio si a ellos llegaran los recursos suficientes, para tener una economía sostenible.
Con lo anterior perfectamente podemos concluir que la mayor fuente de empleo en estos pequeños municipios es el estado y además es el único que con sus dinámicas de inversión en obras, subsidios y recursos propios de impuesto predial y comercio, podría dinamizar plenamente la economía de los pequeños municipios que por lo general andan bien despacio al lado de la industria y comercio de las grandes ciudades que perfectamente pueden subsistir por sí mismos. Pero que estos pequeños también llevan sus productos a las grandes capitales para el consumo de la población que allí habita y que no produce, por ejemplo, muchísimos productos pancoger, para poder alimentar la demanda de un gran conglomerado de habitantes.
De los recursos que van al gobierno central, como en el caso del Departamento de Antioquia, que envía a la nación 30 billones de pesos anuales, pero solo regresan 6, sería supremamente importante que esos 24 billones o al menos una parte de ellos retornara o se manejara directamente en el territorio, para ser reinvertidos en los municipios pequeños que en nuestro departamento, de los 125, serían unos 100 municipios de categorías 5 y 6, ello ayudaría supremamente a cerrar brechas y a qué los municipios pueden satisfacer las necesidades básicas de las comunidades más vulnerables.
Pudiéramos pensar que en estos 1.000 municipios habita un 20% de toda la población colombiana, con lo cual incentivaríamos en inversión hacia la agricultura que es su gran y a veces única vocación, la producción, supervivencia y cadena y seguridad alimentaria del resto de la población del país que habita en las grandes urbes o centros urbanos multihabitados, también estaría garantizada. La fórmula es simple, si la inversión llega al campo, la ciudad se sostiene, en otras palabras, la ciudad no es viable sin el trabajo y producto de nuestros campesinos.
A lo anterior unimos que los campesinos propietarios de minifundios no tienen con que pagar su impuesto predial, porque sencillamente no producen lo suficiente y la inmensa mayoría de estos pequeños municipios no reciben ese impuesto, ni tienen actualizado su catastro rural ni urbano. La actualización catastral o el catastro multipropósito como lo llaman ahora, ayudaría inmensamente a mejorar las condiciones económicas de los municipios que aún no lo han hecho y que casi todos esos pequeños municipios derivan sus rentas propias y dependen en parte de la libre inversión en este pago que aún sigue desactualizado.
Los campos produciendo ayudan a dinamizar la economía local y para ello se requieren los recursos que van a la nación y que no regresan a la provincia, porque muchos de ellos se quedan para ser gastados en funcionamiento por parte del gobierno nacional, centralista y derrochón que tenemos en Colombia y que el actual gobierno sí sabe como gastar para vivir sabroso.
