Por: Balmore González Mira
Una de las conquistas de los municipios de Colombia, como un ente territorial que pueda contar con autonomía presupuestal y administrativa, es el recaudo e inversión del impuesto predial.
La pelea que la mayoría de los alcaldes tienen en los municipios del país es cuando hacen una formación o una actualización catastral que lleva a un cobro más elevado de este impuesto, bien porque hay quienes realmente no tienen cómo pagarlo o bien porque a quienes tienen bienes inmuebles muy valiosos les toca pagar lo que ellos consideran un cobro muy alto. Ha habido fórmulas y ecuaciones que han permitido aplicar este impuesto municipal con plena justicia y donde las reclamaciones sensatas han conducido a que se logre que haya cobros justos y pagos satisfactorios. Los alcaldes que han sido responsables, actualizando los prediales de sus localidades, se han gastado un capital político importante, pero han logrado mejorar las condiciones fiscales de su municipio y han llevado buena inversión para satisfacer las necesidades básicas de sus comunidades.
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Este recaudo ha tenido dificultades en muchos municipios de Colombia, sobre todo en aquellos donde la ruralidad es inmensamente mayor y donde se presentan problemas con la inseguridad, pues esta es inversamente proporcional a la capacidad de producir bienes y servicios, es decir, donde hay mayor seguridad hay mayor producción y desarrollo y, por lo tanto, mayores y mejores condiciones económicas para propietarios y trabajadores; pero donde la inseguridad campea no hay recursos económicos para pagar absolutamente nada. Ni servicios públicos, ni salud, ni educación, y mucho menos los impuestos.
Hay municipios a los cuales este recaudo les quedó imposible y en aquellas épocas de violencia terrorista de finales del siglo pasado, y que ahora se está repitiendo con ataques y desplazamiento de la población, vuelve a dificultar el pago por parte de los propietarios que no pueden producir y, por lo tanto, no tienen de dónde sacar los recursos para pagar el impuesto predial. Acá se configura el planteamiento de que la inseguridad es la enemiga número uno del recaudo del impuesto predial.
A contrario sensu, cuando el municipio logra un buen recaudo del impuesto predial, puede disponer de parte del mismo para mejorar las condiciones de seguridad, no solo reflejada esta en pie de fuerza, sino en tecnología, cámaras, drones, iluminación de vías y poblados, etc., que permiten combatir este flagelo.
Finalmente, hay un tema preocupante cuando la inseguridad sigue creciendo, pues el recaudo baja y llega a asfixiar tanto a los propietarios, que muchos de estos impuestos pasan a ser de difícil recaudo, y con el crecimiento de la deuda del predial, más los intereses, se va convirtiendo en imposible de pagar.
Garantizar la seguridad, como eje fundamental de un gobierno, siempre será el esquema más ganador para el Estado, para la sociedad y para que haya una verdadera democracia sólida en cualquier nación del mundo.
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