Por: Juan Diego Barrera Arias
La historia institucional de Colombia está marcada por una profunda contradicción entre el discurso constitucional y la realidad política del país, una ambivalencia, incoherencia y pugna político-jurídica que como sociedad no hemos tenido la altura de conversar, definir y redefinir para nuestra institucionalidad.
Una de las más grandes tragedias, para mi si lo es, en este sentido se remonta a 1886, cuando se instauró la República de Colombia, como un Estado unitario bajo la Constitución redactada por RafaelNúñez. Esta decisión significó el abandono del modelo federal, modelo hincado en valores liberales no sólo en cuanto derechos sino en cuanto a institucionalidad, modelo que había permitido laautonomía a los estados soberanos, la división entre iglesia y Estado, descentralizado administrativa y políticamente y atomizado el poder en todo el territorio, desfigurando el poder central, y dando paso a una estructura centralista que concentró el poder político, económico y administrativo en Bogotá.
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Este giro institucional significó en términos reales la paralización del desarrollo de las regiones y los territorios. La eliminación de la capacidad de autogobierno de los territorios, antes llamados Estados soberados y otrora denominados departamentos, intendencia y municipios, les restó importancia para la toma de sus decisiones y les negó la posibilidad de construir modelos propios de desarrollo, ajustados a sus realidades culturales, geográficas, sociológicas, regionales, económicas y políticas. El Estado unitario impuso una lógica homogénea y una unidimensionalidad que ignoró la diversidad del país, y convirtió a los territorios en simples ejecutores de políticas diseñadas desde Bogotá, muchas veces sin conocimiento ni sensibilidad frente a las necesidades locales, a la realidad de los territorios.
La Constitución de 1991, aunque representa un avance en términos democráticos y reconoce la autonomía de las entidades territoriales, no logró romper del todo con el legado y mala tradición centralista. Si bien se habla en el texto constitucional de descentralización y autonomía de los entes territoriales y además se otorgan competencias a departamentos, distritos y municipios, esta autonomía es limitada y condicionada, es decir, no existe autonomía. Las decisiones locales deben alinearse con los intereses, políticas y directrices del gobierno nacional, y peor aún, la dependencia financiera de los territorios frente a las transferencias del Estado central, siendo una barrera para el ejercicio pleno de su autonomía y convirtiéndose en el eje manipulador para el desarrollo de políticas en los territorios; ya que lastimosamente el sesgo político permite o no que se ejecuten obras y desarrollo en los territorios.
El centralismo desconoce la realidad de los territorios. Las regiones continúan enfrentando dificultades para acceder a recursos, ejecutar proyectos propios y participar de manera efectiva en la construcción de políticas públicas. La falta de una verdadera descentralización impide que Colombia aproveche su riqueza territorial, cultural y social, y perpetúa desigualdades históricas que afectan especialmente a las zonas más apartadas y vulnerables, el centralismo no igualo las oportunidades para los territorios sino que agravó sus problemas y realidades y ahondó la desigualdad entre el Centro y la periferia.
En conclusión, el Estado unitario instaurado en 1886 no solo significó una ruptura con el modelo federal, sino que significó una herida que al momento sigue abierta y que no hemos como sociedad permitido la oportunidad de sanar. La diversidad del territorio y de las regiones requiere de autonomía real y efectiva, de soluciones concretas y cercanas. Para superar esta herencia, se requiere una reforma profunda que reconozca la pluralidadterritorial como una fortaleza y permita a las regiones construir su propio destino y su propia autodeterminación.
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