Por: Juan Diego Barrera Arias
En medio del panorama de incertidumbre que envuelve al sector minero colombiano, el Gobierno Nacional avanza en la construcción de una nueva Ley Minera que, aunque presentada como una apuesta por la modernización y la inclusión, ha despertado serias inquietudes entre gremios, empresarios y comunidades mineras; dejando más dudas e incertidumbres que certezas.
La iniciativa, liderada por el Ministerio de Minas y Energíaya ha sido ampliamente socializada con diversos actores del sector. Sin embargo, detrás de este proceso participativo no se pueden ocultar las verdaderas consecuencias de lo que implica este cambio de modelo; modelo no encaminado a la modernización del sector sino a la estatización del sector productivo minero, sin estimar las consecuencias a futuro no sólo para el mismo sector sino para la economía del Estado y el desarrollo de los territorios impactados con la minería.
Entre las medidas más polémicas se encuentran la creación de Distritos Mineros Especiales, la implementación de nuevos requisitos para concesiones, y la posible conformación de Ecominerales, una empresa estatal que cambiaría el enfoque extractivista por uno más “productivo”. Estas propuestas, aunque presentadas como avances, han sido interpretadas por muchos como un intento de recentralizar el control minero, limitar la autonomía territorial y restringir la actividad privada en el sector.
Aunado a esta propuesta de código minero se suma elDecreto 044 de 2024, que establece criterios para la delimitación de reservas naturales temporales, ha generado preocupación por su impacto en la viabilidad de proyectos mineros existentes y futuros. Hemos de temer que estas regulaciones, lejos de fomentar el desarrollo sostenible, terminen por minar la minería, debilitando su competitividad y reduciendo su capacidad de generar empleo y riqueza para las regiones y peor aún, siendo un incentivo perverso y exponencial para la extracción ilícita de minerales.
Aunque el Gobierno insiste en que esta reforma busca ordenar, planificar y hacer más sostenible la minería en Colombia, la verdadera reforma del sector debe versar en la construcción sobre lo ya construido esto para evitar que esta transformación se convierta en una regresión. La minería, como actividad estratégica para la transición energética y el desarrollo territorial, requiere un marco normativo que promueva la inversión, la formalización y la seguridad jurídica, no uno que la asfixie bajo nuevas cargas y restricciones.
Así las cosas, es legítimo preguntarse si la reforma al Código de Minas representa una verdadera evolución del sector o si, por el contrario, es una estrategia que, bajo el discurso de la sostenibilidad, mina la minería en su esencia y en su capacidad de contribuir al progreso del país.
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