Informe especial de El OCCIDENTAL
El cobro que se hace al transitar por algunas carreteras en el mundo y en Colombia, es una forma de financiar la construcción y el mantenimiento de algunas de las vías en el país.
El gobierno es el encargado de regular los peajes, pero también existen las concesiones que habilitan a los constructores e inversiones privadas para jugar en esta actividad. En Colombia se adoptó la figura de la concesión para el desarrollo de la infraestructura de transporte, la cual está liderada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad adscrita al Ministerio de Transporte.
Quien controla el precio de los peajes en Colombia es el gobierno nacional y el ajuste de los mismos se fija con fundamento en el porcentaje que arroje el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que cada año es publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), al cual se le suma un 2% que va para el Fondo de Seguridad Vial (Fosevi). Precisamente para el 2024 se incrementa, a partir del 1 de agosto de 2024, en 4,64 %, las tarifas de peaje de los vehículos que transiten por el territorio nacional de conformidad con las estaciones a cargo del Instituto Nacional de Vías y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); el aumento afecta a los peajes administrados por estos institutos. El incremento aplica para 113 peajes a cargo del Invías y otros 30 bajo administración de la ANI en toda Colombia.
De los recaudos de los peajes en el país, según la categoría, 200 pesos por cada vehículo que pasa por ellos son destinados al Fondo de Seguridad Vial, el restante se distribuye de acuerdo con el porcentaje de cada una de las Unidades Funcionales en las que está dividido el proyecto y se entrega el acumulado al Concesionario cuando se establecen los montos y se registra el recaudo correspondiente.
Desde su nacimiento, el sistema de peajes se ha convertido en un tema polémico y un elemento constante de discusión sobre el estado de las vías, la movilidad, el desarrollo vial y el impacto socioeconómico en las regiones, entre muchas otras consideraciones.
Origen de los peajes en Colombia
El inicio de los peajes administrados por particulares en Colombia se registra por la década de 1990, cuando el gobierno nacional de la época impulsó el modelo de concesiones viales como mecanismo para construir, operar y dar mantenimiento a las carreteras del país, y a la necesidad de recuperar la precaria infraestructura vial que se había convertido en un obstáculo para la competitividad, desarrollo e inversión extranjera en el país. Ante la falta de presupuesto y escasez de recursos públicos suficientes para la ejecución de las obras necesarias, se abrió la posibilidad a la inversión privada a cambio del cobro de peajes a los vehículos que transitaran por esas vías concesionadas, este esquema de Alianzas público – privadas se convirtió en política de Estado a partir de la Ley 105 de 1993.
Reacciones negativas al esquema
La implementación de este modelo mundial, con el cobro inicial de los peajes generó resistencia en algunos sectores productivos y de la sociedad civil, que los veían como una forma de privatización y una nueva carga económica regresiva que afectaba especialmente a los transportadores de carga y de pasajeros y a la población de menores ingresos, sin embargo, las concesiones viales también permitieron mejorar y rehabilitar miles de kilómetros de carreteras que se encontraban historicamente en mal estado, lo que hacía que la balanza no estuviera tan desequilibrada hacia los impactos negativos que algunos querían hacer ver. Una vez realizadas las primeras obras se fue entendiendo la necesidad y utilidad de arreglar las vías, las cuales, en su totalidad, valorizaron las propiedades y mejoraron la calidad de vida de los habitantes por donde iba pasando el desarrollo.
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Expansión y cuestionamientos
En los años posteriores siguientes, la red nacional de peajes se fue expandiendo progresivamente, en la medida que se adjudicaban nuevos proyectos viales bajo la modalidad de concesiones públicas o privadas; paralelo a ello, las tarifas de peajes también experimentaron incrementos periódicos que respondían a la inflación, los costos de operación y los cálculos de rentabilidad de las concesiones.
Esta expansión avivó nuevos cuestionamientos desde distintos frentes, algunos gremios de transporte de carga argumentan que los costos por concepto de peajes redundan en un encarecimiento excesivo del transporte terrestre, con el consecuente impacto en los precios de los productos de la canasta familiar. Por su parte, sectores sociales y políticos han criticado que los cuantiosos ingresos que reciben las concesionarias viales no se reinvierten suficientemente en el mantenimiento y mejora de las mismas vías por las que se cobra peaje, y según cálculos de la Contraloría, en la última década las concesiones han reportado utilidades cercanas a los $12 billones de pesos.
Impacto social y protestas
Independiente de los aspectos técnicos, económicos y de movilidad, los peajes en Colombia también se han convertido en un punto de tensión y conflicto social en varias regiones del país, especialmente en lugares donde hay asentamientos de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas; en ellas se han registrado numerosos casos de bloqueos de las vías y han puesto en riesgo las casetas de peaje se han presentado protestas de comunidades aledañas, que reclaman mejoras sustanciales en sus condiciones de vida, generación de empleo local, respeto por sus territorios ancestrales y compensaciones a cambio de permitir el tránsito por esas vías. En el fondo, estas comunidades cuestionan que se les haya impuesto un modelo concesionado de carreteras sin haber sido debidamente consultadas ni incluidas en los potenciales beneficios, pese a ser sus territorios los directamente impactados.
Episodios de alta tensión y violencia en este contexto se presentaron en 2022 en el departamento del Cauca, una zona con nutrida presencia indígena, allí, enfrentamientos entre manifestantes que bloqueaban las vías y la fuerza pública dejaron un saldo trágico de varios muertos y decenas de heridos.
Antioquia no ha sido ajeno a las protestas por peajes
La queja permanente es el mal estado de las vías donde hay peajes, sin embargo, las empresas responsables de las concesiones aducen y explican permanentemente que invierten los recursos necesarios para mantenerlas habilitadas y en buen estado.
En la vía Medellín – Urabá por ejemplo, hay varios peajes que se cobran para pagar las inversiones en la construcción de las vías 4G y el mantenimiento de las mismas, el primero se encuentra en San Cristóbal antes de cruzar Túnel “Fernando Gómez Martínez”, luego llegan los de Dabeiba antes de los túneles y viaductos, recién estrenados. Luego hay un peaje antes de llegar a Mutatá y de ahí hasta Arboletes no hay mas cobros, pues unas protestas en el 2021 llevaron a la quema de las casetas donde se haría el recaudo. Allí se tenían proyectados dos peajes más, uno entre Chigorodó y Carepa (el cual podría funcionar hoy con el modelo de peajito que se instaló exitosamente al norte del área metropolitana) y otro entre Turbo – Necoclí que no han podido entrar en operación, a pesar de que esa vía está en perfecto estado.
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La excepción en las buenas condiciones de las vías en la región está precisamente en el trayecto Necoclí – San Juan – Arboletes, dónde se ha convertido en un verdadero martirio para transportadores de carga y pasajeros, para visitantes y propios de la región, lo que muchos le atribuyen a la falta de un peaje que pudiera soportar el buen mantenimiento en esa vía, lo cual garantizaría el desarrollo social, económico y turístico de todo el circuito turístico y productivo del norte y del eje bananero completo del Urabá.
Conclusión
En muchos países del mundo donde el estado es incapaz económicamente de sostener las vías, las ha entregado en concesión a la empresa privada, para que las mantenga en óptimas condiciones; en Colombia también ha sido exitoso este modelo de las Alianzas Público Privada APP, cuando se consignan unas condiciones contractuales previas que obligan a mantener en estado excelente las vías y con el cumplimiento de todos los requisitos de seguridad vial que ello conlleva, incluidas las inversiones reales en mantenimiento, y cuando el estado no cambia las condiciones al concesionario y le cumple lo pactado, generando seguridad jurídica y confianza inversionista, como debe ser.
Lo mejor que puede suceder, es transitar por vías de última generación que permitan viajes cómodos, seguros y ágiles para todos los usuarios.
Por ello podemos decir que los peajes en Colombia son útiles y necesarios y si son justos , son más útiles y necesarios.
