Editorial El Occidental
La práctica irresponsable de algunos miembros de las fuerzas militares que nos hizo avergonzar sobre la ejecuciones extrajudiciales de personas inocentes para hacerlos pasar como muertos en combate, ha tenido muchas consecuencias en la justicia y en la política de Colombia. Según se ha documentado, desde 1978, han sido muchos los hogares víctimas de estos horrendos crímenes. Políticamente ha servido para crear una narrativa exclusiva en contra del gobierno de la seguridad demócratica, para deslegitimar que fue la que llevó a la desmovilización o a la carcel al mayor número de terroristas en Colombia; la misma Jep ha dado claridad que lo que en este caso se dice no ha sido todo documentado y por lo tanto es una verdad a medias, lo que se convierte en una gran mentira.
Lo que sí es cierto y está pasando en la vida real, es que desde que se inició el famoso “chu chu chu” decretado por el presidente Petro contra las EPS en el país, y así como lo predijo el primer mandatario, fueron cayendo una a una y hoy, el que fuera hasta hace dos años uno de los mejores sistemas de salud, está condenando a “pena de muerte por no atención o falta de medicamentos” a los pacientes.
Es evidente que la política del actual gobierno con el tema salud está generando la gravedad y la desatención de los cientos de miles de personas, ya no hay acceso a los tratamientos ni a medicamentos y por lo tanto es urgente que se empiece a documentar por algún organismo estatal, llámese Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, el listado de los “falsos positivos” que comienza a generar el “nuevo sistema de salud del gobierno del cambio”. Si no lo hacen estas instituciones es hora de acudir a algún organismo internacional que nos ayude a contar las víctimas de este sistema para que alguien le responda a sus familias por los seres queridos que hoy se están muriendo por falta física de atención en salud.
Lo más triste es ver y escuchar a quienes siguen defendiendo esta hecatombe generada por el gobierno del cambio, que cada que una EPS manifiesta entrar en crisis o expresa sus dificultades económicas por falta de pagos, aplauden a rabiar por su pronto cierre o intervención por parte de los mismos que le han generado el estado calamitoso. Sin embargo cuando un familiar, allegado o ser querido enferma, buscan afanosamente una cama en un hospital o una cita prioritaria que les permita salvarlo. La doble moral es definitivamente la muestra de que existe una ideologización donde parece que primara aquello de que todo lo que esté funcionando bien hay que acabarlo y lo que no funcione, pues tampoco lo mejoramos. Literalmente acabaron con el sistema de salud de los colombianos y ahora ¿Quién responderá por los compatriotas que están muriendo por este error de la administración (gobierno – estado) en ejercicio de sus funciones?
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