Por: Balmore González Mira
Muy seguramente todos los colombianos tenemos recuerdos desde siempre, sobre el desplazamiento forzado de la población, pues esta ha sido una realidad generada por las diferentes violencias que ha vivido nuestra República, tanto desde la denominada “violencia” partidista de 1948, como las sucesivas guerras de guerrillas, del narcotráfico, del terrorismo, de los mal llamados paramilitares y hasta nuestros días con los diferentes grupos armados residuales y las diferentes formas de amenazas de arreglo de conflictos por mano propia. Múltiples han sido las diferentes formas violentas de desplazamiento de millones de familias en todo el territorio nacional.
A través del acuerdo municipal 007 de 2009 Frontino se convirtió en el primer municipio del país que exoneró de impuesto predial y condonó las deudas de las víctimas de desplazamiento forzado que dejó el conflicto armado que azotó la región.
La iniciativa fue la primera de su tipo en Colombia y buscó no solo compensar a los desplazados que a lo largo de varios años tuvieron que abandonar sus fincas o negocios en el casco urbano, sino también propiciar el retorno de los habitantes.
Como alcalde del municipio por esa época habíamos visto migrar al menos una tercera parte de sus habitantes por culpa del conflicto armado, según las cifras que manejamos en los diferentes censos de desplazamiento, de la Alcaldía local, la personería, las parroquias, el Cicr, entre otros, los desplazados de Frontino para ese momento eran unas 10.300 personas, muchas de las cuales serían las beneficiadas con el proyecto propuesto.
Recuerdo que el proyecto nació de una iniciativa surgida cuando fui Personero del municipio, en el período inmediatamente anterior, lo que me permitió conocer de cerca el drama de las familias desplazadas.
La gente llegaba a quejarse de las cuentas de predial, que eran impagables, porque muchos abandonaron por 10 años o más sus fincas y no podían producir. Y se dieron casos como el de personas con predios avaluados en 10 millones de pesos y deudas por 18 millones en impuestos al muncipio. Nos dimos cuenta que esos recursos jamás podrían ser pagados por la gente y resolvimos darnos a la tarea de condonar las mismas y exonerar por los tres años siguientes a quienes retornaran y con esta medida, el Municipio desistía de cobrar unos 1.500 millones de pesos. Logramos que durante el tiempo que estuvo vigente el acuerdo los desplazados empezaran a retornar y aunque algunos volvieron para vender, varios se quedaron y pudieron recuperar sus tierras y volver a producir sin ser unos desarraigados.
Valdría la pena revisar esta experiencia y retomarla como un modelo final de retorno, perdón y no repetición.
