Por: Félix Alfázar González Mira
Parece que ahora sí todas las circunstancias adecuadas concurrieran hacia el principio de la transformación de Colombia. El ministro del interior insistiendo que del acuerdo nacional debe salir el apoyo hacia mayores recursos a las entidades territoriales, los alcaldes a través de su gremio, apoyando la iniciativa en esa dirección, el senado de la república avanzando en la aprobación del acto legislativo que establece restituir el espíritu de la constitución del 91 de doblar las transferencias de la nación a los territorios con el liderazgo del senador Guido Echeverri, la academia con instituciones como la Universidad Pontificia Bolivariana y la Escuela de Administración y Finanzas, Eafit, involucradas en el asunto, la sociedad civil con La Corporación Colombia Autonómica y el Colegio de Altos Estudios de Quirama, partidos como el Centro Democrático y En Marcha convencidos de la necesidad histórica de fortalecer integralmente las regiones para desatar la consolidación del estado en todo el territorio nacional.
Y ahora nos viene el premio Nobel de Economía 2024, James Robinson, a darnos la razón a quienes impulsamos estas ideas que buscan rescatar el espíritu de nuestra constitución.
El coautor del libro “Por qué fracasan los países” escribió un ensayo publicado en la Universidad de Harvard que tituló “Colombia, ¿otros cien años de soledad?”. Buenamente comentado en un editorial de El Colombiano; arranca por hacer un balance de los dos gobiernos del presidente Uribe que encontró un estado fallido, con el país dividido en tres, los bandidos estaban llegando a ser casi la mitad de la fuerza pública, la inversión extranjera no llegaba a los mil millones de dólares, los visitantes anuales no llegaban a 300 mil. Sacó a las guerrillas de más de la mitad de los territorios en que estaba, desmovilizó a los paramilitares, la inversión extranjera en 13 mil millones de dólares y los visitantes extranjeros en más de 2 millones anuales.
Señala Robinson que ese esfuerzo no fue suficiente porque no rompió con la manera como ha sido gobernada Colombia desde 1819; reflejada en la incapacidad política del estado colombiano en la periferia. Con una tesis, novedosa para mí, al señalar que lo que ha impedido avanzar a Colombia no han sido ni las guerrillas, ni los paramilitares, ni los carteles del narcotráfico; que estos son el resultado de otro estructural que se podría llamar la relación tóxica entre élites del centro (Bogotá) y élites de la periferia. Y ahí es donde viene el punto de la autonomía fiscal territorial. Con el 85 % de los recursos estatales en manos de la nación y apenas el 15 % en manos de los departamentos y municipios, siempre tendremos más territorio que estado. No avanzamos en el cubrimiento y consolidación de la ocupación de nuestro territorio. La ley física es implacable: espacio no ocupado por un cuerpo, viene otro a ocuparlo.Y eso es lo que nos ha acontecido. Si el estado no ocupa el territorio, lo ocupan los ilegales haciendo las veces de estado que vigilan y regulan la vida de los habitantes de esos territorios. Y como decía Mao que el poder nace del fusil; pues ahí tenemos a los armados ocupando crecientemente el territorio de Colombia y con mayores veras en este gobierno que les ha facilitado todos los mecanismos para hacerlo. La paz surge de la seguridad que garantiza la presencia del estado en la ocupación integral de todo su territorio y esto se garantiza con mayores recursos en manos de las instituciones responsables del desarrollo territorial.
Celebramos el compromiso de la Comisión de Ordenamiento Territorial del senado de sacar adelante el proyecto de Acto Legislativo que permite, en un lapso de 10 años, duplicar las transferencias de la nación del 23% al 46%. Cifra está cabalística, toda vez que en el período histórico donde más adelantó el país en su desarrollo fue con la constitución de 1863, que estableció que el 46 % de las rentas las administraban los estados soberanos.
Haríamos un tránsito entre el clientelismo, también señalado por Robinson como un lastre que no nos permite avanzar, y la autogestión de las comunidades en sus territorios; toda vez que no necesitaríamos de acudir a las élites centralistas para gestionar recursos hacia los territorios, sino que dispondremos de ellos para, en decisiones políticas autónomas, las comunidades asuman sus responsabilidades en la ejecución de los mismos. La ocupación creciente del territorio por parte de “instituciones incluyentes, capaces de distribuir el poder político y los recursos económicos de manera más equitativa, y en las cuales los ciudadanos puedan participar plenamente en las decisiones que afectan sus vidas”, solo es garantizado por el rescate y aplicación del artículo primero de la Constitución que establece a Colombia como una nación unitaria, descentralizada y con AUTONOMÍA de sus entidades territoriales.
