Por: Juan Diego Barrera Arias
Y sólo hay cosas que pasan en este bienaventurado país, cosas y situaciones que se llaman macondianas o propias de nuestra idiosincrasia, de lo que somos, lo que nos identifica o que simplemente somos una especie medio rara o muy exclusiva, Colombia es única, eso no tengo ninguna duda, pasan situaciones inigualables.
Y es que ante el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá (y dejo el número de radicado para que lo confirmen11001318700620260002200) se tuvo que proceder a la atención de una acción única, la negación de un habeas corpus a favor del dictador Nicolás Maduro Moros por parte de la captura realizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América en la República de Venezuela.
Esta situación, anecdótica, cantinflesca, chistosa, es además de ello una muestra contundente de como la justicia puede ser utilizada de forma banal, utilizada sin un sentido jurídico, sin el más mínimo respeto por los principios fundamentales de lo que es la justicia y la función en su ejercicio en el Estado. En esta oportunidad, la acción de un habeas corpus interpuesto en Colombia para cuestionar la ilegalidad de una actuación en contra un ciudadano (dictador) extranjero, ocurrida fuera del territorio del país y bajo la jurisdicción de autoridades foráneas; supuestos de hecho suficientes para entender que a la justicia de Colombia se le escapa de su alcance y competencia, aun así, el juez debió de dar trámite y con claridad y contundencia, rechaza la acción deprecadapor una simple razón, el no cumplimiento de los requisitos mínimos que justifiquen la competencia de la jurisdicción colombiana en este asunto.
Estas actuaciones dejan en evidencia una preocupante realidad, la falta de cultura jurídica y civilidad para recurrir a la administración de justicia. Convertir los jueces de la república en una instancia de debate por cualquier sinsentido político o capricho jurídico, sin importar la pertinencia, el contexto y los límites legales, es una burda burla a lo que los jueces deben de brindar una verdadera justicia.
La banalización de la justicia no solo congestiona los despachos judiciales, sino que también erosiona la confianza en el sistema y desvirtúa el sentido de las garantías constitucionales. La falta de formación jurídica y de respeto por los procedimientos adecuados lleva a que se presenten demandas infundadas, que lejos de proteger derechos, terminan por obstaculizar y congestionar la labor judicial y restar eficacia a los mecanismos de protección realmente necesarios y de quien realmente los necesita.
Este fallo es un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer la cultura jurídica y la civilidad en el acceso a la justicia. Es fundamental comprender que la administración judicial no es un escenario para ventilar cualquier inconformidad, sino un espacio regido por normas, competencias y principios que deben ser respetados para garantizar la verdadera protección de los derechos fundamentales.
