Por: Félix Alfázar González Mira
Dos episodios que he vivido en campaña política hacia el Congreso de la República, en esta época de mover ideas y propuestas, me han motivado a reflexionar sobre el escenario diverso que se construye para la motivación del votante.
En el primero, los coordinadores de la reunión hacían esfuerzos verbales para insistir en que los candidatos que promocionaban eran muy diligentes y exitosos en gestionar recursos del Gobierno central para la construcción de obras y la solución de las necesidades de sus comunidades locales. Se esforzaban en mostrar la cuantificación de los dineros conseguidos para ejecutar en la municipalidad y las obras de diversa naturaleza que impactaban en sus barrios y veredas. Santo y bueno su trabajo político, porque el sistema centralista los obliga a realizar ese tipo de ejercicio que, en ocasiones, es muy provechoso para el avance cotidiano de la vida en los territorios.
El otro episodio fue más trabajado: de más debate, más participativo, más elaborado, más académico, si se quiere. Ubicado en una región con profunda vocación turística, fueron convocadas virtualmente autoridades nacionales en la materia, empresarios de diferentes regiones vinculados al sector y una candidata presidencial. Buen y concurrido suceso fue ese, donde la dirigencia política regional, los aspirantes al Congreso, las autoridades y dirigentes del sector y una aspirante a ser presidenta de los colombianos intercambiaban impresiones, ideas, programas y proyectos necesarios para avanzar en la consolidación del sector que está generando una “nueva economía”, llamada a irrigarse por todas las arterias y venas del cuerpo geográfico de Antioquia. Se expresaron necesidades desde la red vial terciaria, estímulos para el sector, ideas para aprovechar lo atractivo del territorio, infraestructura de bienes públicos necesarios para facilitar el torrente de citadinos y extranjeros buscando paisajes, climas y condiciones de esparcimiento, hasta la construcción de un aeropuerto de características internacionales.
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Buenos ejercicios políticos ambos, en su respectivo nivel. El primero, con gestión directa del parlamentario ante la centralidad bogotana; el otro, en un debate como en el ágora griega, pero igualmente pensando en la gestión ante la centralidad bogotana.
Colombia tiene que recuperar el espíritu de la Constitución de 1991 en materia de descentralización y autonomía fiscal de las entidades territoriales, establecido en su artículo primero. No puede seguir cargando esa inmensa deuda con el desarrollo integral de sus regiones.
Recordemos que antes del 91 se transfería el impuesto al valor agregado (IVA) a los municipios. La Constitución Política de 1991 estableció un aumento gradual de las transferencias a departamentos y municipios, alcanzando un total del 46,5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) para el año 2001. Esta cifra se consolidó mediante la suma del situado fiscal para departamentos y la participación municipal, buscando fortalecer la descentralización fiscal. Este aumento progresivo garantizó que los entes territoriales recibieran más de la mitad de sus recursos de la Nación para financiar, principalmente, salud y educación.
Alegando crisis fiscal de la Nación, el gobierno de la época cambió las reglas del juego y, mediante el Acto Legislativo 01 de 2001, modificó el esquema de la Constitución del 91 y construyó el actual Sistema General de Participaciones (SGP), reajustando sus porcentajes de participación. Eufemismo fiscal que le ha costado a los municipios y departamentos de Colombia, a las regiones del país, la descomunal cifra de 500 billones de pesos en los últimos 25 años: del 46,5 % de los recursos estatales al 23 % que se transfiere hoy.
Invito la imaginación de los antioqueños a volar pensando en la capacidad de ejecutar proyectos del gobernador Andrés Julián Rendón, con su gestión exitosa en Rionegro, el intercambio vial del aeropuerto, el segundo túnel de Oriente, la Troncal del Nordeste y la macroobra del túnel del Toyo Guillermo Gaviria Echeverri, dejada al garete por este gobierno en su centralismo rapaz. Qué nivel de desarrollo y competitividad, de haberse cumplido la Constitución del 91, tendría Antioquia y otros territorios de la Nación. Cuánto de esos 500 billones se quedaron en los alambrados y peajes que comporta transferirlos desde el presupuesto nacional a los rincones de la patria. Cuántos más habrían rendido si sus comunidades resolvieran en reuniones en qué y quién va a ejecutar los proyectos.
Regresar a ese espíritu inicial de la Constitución del 91 en materia de desarrollo de los territorios debe ser el debate y el discurso de los aspirantes al Congreso nacidos de las regiones de Colombia. Y no estaríamos convocando a las comunidades regionales y locales a reuniones para arrebatarle, de la garganta presupuestal de la centralidad, recursos que les pertenecen. Estaríamos mejor discutiendo en las comunidades barriales, locales y regionales en qué necesidades invertir y qué prioridad darle a los recursos que ya están en los presupuestos de nuestros municipios y departamentos, elevando la participación política responsable en las comunidades, evitando la corrupción que se genera en la gestión ante Bogotá y evitando que los alcaldes estén llenando aviones para viajar a la capital centralista cada semana a enfrentarse a un monstruo burocrático que hace altamente costoso hacer llegar recursos a las regiones de la patria.
Esa es la invitación que estamos haciendo los amigos del fortalecimiento fiscal de las regiones, de la autonomía territorial, del poder político que descansa en las comunidades, que es, como está claramente demostrado, el camino hacia la prosperidad integral, hacia la paz cierta y hacia el desarrollo integral de nuestra Colombia.
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