Por: Balmore González Mira
El título I de nuestra Constitución Política de 1991 establece como primer principio fundamental: “Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
Esta norma consagrada así por la Asamblea Nacional Constituyente hace 35 años, y por delegación directa del pueblo colombiano, nos abría la esperanza de poder tener realmente una descentralización que llevara desarrollo a las regiones. Otras disposiciones dentro de la Carta Magna también ordenan que las entidades territoriales, departamentos y municipios tengan autonomía fiscal y administrativa.
Varias han sido las iniciativas para poder desarrollar estas normas y acabar con el centralismo asfixiante que aún nos gobierna; una de ellas fue radicada y expuesta de manera sencilla por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, con el apoyo de firmas ciudadanas y que la explicaba de manera clara con un referendo fiscal así: “Con una reforma constitucional es posible, ya que modificando el artículo 298 de la Constitución, podemos generar rentas a las regiones que transformen nuestros territorios y la vida de la gente. La propuesta consiste en dejar la tributación directa por Renta y Patrimonio de personas naturales y jurídicas en manos de los Departamentos”, explicó. Este intento también fue frustrado por quienes rinden culto inconcebible al centralismo.
La estructura del Estado nos sigue demostrando que el centralismo concebido como el poder que emana de la presidencia y del sistema actual, siempre dejará a la Nación de la República en desventajas competitivas, pues un acueducto de la comunidad de Mandé, en límites entre Urrao y Frontino, no puede ser concebido en los ministerios que no tienen idea de dónde queda esta comunidad, sino en las alcaldías municipales donde realmente conocen el territorio. El centralismo no es más que entregarle los recursos al gobierno nacional para que los distribuya caprichosa e inequitativamente al deseo del gobernante de turno. La descentralización y la autonomía fiscal y administrativa, por el contrario, obligan a gobernadores y alcaldes a darle solución a las necesidades básicas insatisfechas de las comunidades más vulnerables y menos atendidas desde la fría capital.
El día que entendamos que la estructura piramidal del Estado, constituido como una República unitaria, pero con una verdadera autonomía y descentralización de las entidades territoriales, y que el desarrollo se construye de abajo hacia arriba, Colombia va a poder consolidarse como una verdadera Nación de regiones que lleguen a contribuir a la construcción de una verdadera potencia, con sus diferentes aportes y generación de riquezas que hoy son muy mal administradas por un Estado central inepto y caprichoso.
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