Por. Héctor Quintero Arredondo
El debate y el resultado que coparon la sesión plenaria del senado, el martes de la semana anterior, en torno al proyecto del acto legislativo 18/24 senado, inducen grandes reflexiones que invitan a sopesar lo dicho y a pensar en el inmediato y en el mediato futuro de estos temas.
Creo que, desde hace 214 años, tiempo que lleva esta sociedad discutiendo sobre la forma de organizar sus niveles decisorios, el manejo de sus impuestos y la estructura de su organización territorial, pocas veces se había presentado un buen debate, una asistencia tan alta y una decisión tan contundente.
El día aquel, 75 senadores asistieron y votaron aprobando el proyecto en su sexto debate; hubo una aplastante mayoría de 73 votos a favor y 2 en contra. Allí tres precandidatos presidenciales votaron a favor y uno lo hizo en contra. En los días previos hubo una andanada de parte de burócratas del área económica, el gremio de los banqueros y un sindicato de exministros de hacienda en contra del proyecto.
El argumento más manido no tuvo ninguna base: dizque el gasto se inflaba y eso ocasionaría graves dificultades al manejo macro económico, en especial al presupuestal y hasta se afirmó que “el Estado quebraría”. Con todo respeto, decimos que no se sabe de dónde sacaron esa novela de terror. Acá no existe ningún gasto nuevo, lo que cambia es el administrador de una parte del gasto y quizá eso es lo que les da urticaria.
Solo en la época de la constitución federal de Rionegro, la relación Estado central- regiones, ha sido equilibrada; pero es que lo de ahora, es aterrador- hasta inconstitucional-; la centralidad, lo que llaman Nación, se abroga recursos y decisiones por más del 80% de las rentas estatales, los distritos y municipios entre el 10 y el 15% y los departamentos, que son los grandes damnificados, apenas controlan el 4 o 5%. El ciudadano se encuentra en inmensa lejanía del poder y eso lleva a que intermediarios, muchos de ellos perpetuados en el poder, algunos desde el congreso, que lo usufructúan eficazmente (becas, rotación de cargos, burocracia, contratos de asesoría, fiducias entre otros) hubieran formado gavilla contra el proyecto.
Incluso- según dicen” gargantas profundas” – el importante tema llegó hasta el seno del propio consejo de ministros en su sesión de Cali, durante los actos de la COP16. Allá, el Ministro del Interior, que antes de ser parte del gobierno, en llave con Colombia Autonómica, había pulido argumentos en favor de que a las regiones se les dé mejor trato y con su partido, “ En Marcha” y varios senadores, a la cabeza Guido Echeverry, dos veces gobernador de Caldas, llegó a la redacción del proyecto que firmaron, – tal como lo exigen las normas – , un poco más de diez senadores de diferentes partidos, pidió el apoyo del gobierno y tuvo en el titular de Hacienda cerrera oposición.
Dicen que el propio presidente zanjó la discusión: que acató lo propuesto por Cristo, pero impuso dos condiciones, que merecen análisis especial como en efecto se hará: el privilegio para las regiones más pobres y la obligación de expedir una ley de competencias, como requisito sin el cual, no puede entrar en vigencia el acto legislativo. Así se logró desempantanar el asunto dentro del gobierno.
Pero cuidado este no es un proyecto gubernamental, como lo dijeron algunos esquiroles en su afán de asustar “derechistas”; este propósito, viene de quienes deseamos que se cumpla la constitución del 91 y que las regiones, que son la entraña de la nacionalidad, no sean relegadas, maltratadas y desconocidas. No tiene origen partidista ni color político.
Esperemos que, en la cámara, también las regiones y el espíritu de la constitución del 91, tengan acogida favorable.
