Por: Balmore González Mira
Siempre he llegado a la conclusión de que una forma de acabar con la justicia, es no solo dictando sentencias injustas, sino dejando de dictar las que verdaderamente son justas. La forma de alimentar este bien supremo de la humanidad, es acudir a la Equidad, a la sensatez y obviamente a respetar el orden constitucional establecido como regla de juego para una sociedad que vive en armonía o mínimamente con criterio de respeto a los parámetros legales previos que se han dictado bajo los reglamentos de la democracia que rigen a ese Estado de derecho. Y Colombia era un Estado de derecho.
Era un Estado de derecho cuando las normas se acataban, cuando quien realmente ganaba las elecciones en las urnas gobernaba y, sobre todo, cuando los mecanismos de participación eran acatados por los tribunales, por los electores y por las instituciones.
En octubre de 2016 comenzó el principio del fin de los mecanismos de participación en Colombia, cuando el plebiscito para dar o negar aprobación a la negociación de la denominada “farsantos”, dio como ganador al NO y este no fue acatado y se le robó al pueblo colombiano la esperanza de decidir a través de este tipo de consultas por parte del constituyente primario. El pueblo no puede ser consultado y después ignorado y engañado cuando los resultados no favorecen al gobernante de turno.
Si partimos de lo ocurrido el 2 de octubre de 2016, podríamos concluir que hubo un golpe de Estado inconstitucional, orquestado entre un presidente probablemente ilegítimo, un grupo terrorista y unas cortes cooptadas y un pueblo pacífico, pero consciente de lo que estaba pasando. Colombia dijo NO.
En otras latitudes, esos ganadores en las urnas hubieran reclamado por cualquier medio que se respetara el resultado de las urnas.
Debería el país jurídico, las cortes, jurisconsultos y doctrina en general, estar estudiando la posibilidad de hacer una revisión exhaustiva a los ilegítimos tratados de 2016 y mediante el mecanismo Constitucional de revisión extraordinaria de las sentencias de aquel momento, declarar la inconstitucionalidad de todo el amañado y fracasado proceso de paz, firmado bajo presupuestos ilegales e ilegítimos y con ello dejar claro de una vez, que el embeleco de la constituyente de unos pocos, se cae de su peso por sí solo.
Lo más reciente de la condena a los mecanismos de participación fue la abrupta muerte de la autonomía universitaria en la Nacional de Bogotá; y no felices con eso, quieren hacer una constituyente a todas luces inconstitucional, sacada de un “acuerdo de paz” para que las FARC puedan mantener curules que nunca ganarían en las urnas. En eso vamos.
