Por: Gloria Montoya Mejia
El 26 de marzo de 2026, Noelia Castillo Ramos, una joven parapléjica de 25 años, falleció en su habitación de la residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes, en Cataluña, después de recibir la muerte asistida. Se convirtió así en la paciente más joven de España en recibir la eutanasia y en la sexta paciente psiquiátrica de Cataluña en pasar por ese procedimiento. La noticia recorrió el mundo en horas, no solo por la edad de Noelia, sino porque detrás de su solicitud de morir había una vida entera de abandono, violencia y desamparo institucional que nadie quiso ver con la misma urgencia con que el Estado procesó su muerte.
La historia de Noelia no empieza en el hospital donde murió ni en la comisión que aprobó su solicitud. Empieza mucho antes, a los 13 años, cuando la separación de sus padres y la precariedad económica familiar llevaron al Estado a asumir su tutela. Desde entonces, su infancia y adolescencia transcurrieron entre órdenes religiosas y centros de menores, espacios donde la ausencia de sus padres dejó una huella que ningún protocolo institucional pudo sustituir. Allí comenzó también su historia clínica: diagnóstico de Trastorno Obsesivo-Compulsivo y Trastorno Límite de la Personalidad, dos condiciones que hasta ahora la psiquiatría contemporánea asocia de manera directa y documentada con el trauma infantil, el abandono y el abuso, que en el caso de esta joven están verificados desde hace años por el propio estado.
En la única entrevista que concedió, emitida días antes de su muerte en el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, Noelia habló con una serenidad que desconcertó a quienes esperaban ver a alguien frágil. Relató, sin drama pero sin eufemismos, que a lo largo de su vida fue víctima de agresiones sexuales en tres ocasiones distintas: la primera, perpetrada por una expareja mientras dormía; la segunda, un intento de abuso en una discoteca; y la tercera, una violación grupal cometida por tres hombres, el episodio que la llevó al límite definitivo. El 4 de octubre de 2022, pocos días después de esa última agresión, saltó desde un quinto piso. Sobrevivió, pero con una lesión medular irreversible que la dejó parapléjica, con dolor neuropático crónico, incontinencia y dependencia funcional total. Desde ese momento, según sus propias palabras, no volvió a tener metas, ni proyectos, ni razones para quedarse.
Lea también: El Mamm estrena tres exposiciones para pensar la relación del cuerpo y el territorio
En abril de 2024, Noelia formalizó su solicitud de eutanasia ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que la aprobó por unanimidad tres meses después, certificando que presentaba una situación clínica no recuperable, con dependencia grave y sufrimiento crónico e imposibilitante. Sin embargo, lo que debía realizarse el 2 de agosto de 2024 fue paralizado in extremis por una orden judicial a petición de su padre, Gerónimo Castillo, asesorado por la organización ultracatólica Abogados Cristianos. Durante veinte meses, Noelia debió pelear su derecho a morir ante cinco instancias judiciales distintas, incluyendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que finalmente rechazó todos los recursos. El Estado, que no pudo protegerla cuando era niña, la tuvo viva contra su voluntad durante 601 días mientras resolvía quién tenía razón sobre cómo debía morir.
La relación de Noelia con su padre merece una lectura cuidadosa, porque no es simplemente la historia de un hombre que amaba a su hija. En la entrevista, ella misma lo describió con una claridad dolorosa: “No ha respetado mi decisión y nunca lo hará. Me quería poner a mi nombre la casa que ha comprado para poder seguir cobrando la pensión por hijo a cargo. Después de eso no quiere pagar el entierro, ni va a ir a la eutanasia. Para él ya estaba muerta. Yo lo entiendo: es padre y no quiere perder a una hija, pero no me llama, no me escribe. Lo único que hace es traerme comida. ¿Para qué me quiere viva? ¿Para tenerme en un hospital?” Una pregunta que no tiene respuesta institucional, porque las instituciones que debían haberla respondido antes llevaban años mirando hacia otro lado.
Y luego está la pregunta que esta sociedad se ha negado sistemáticamente a hacerse: ¿qué pasó con los hombres que la violaron? La respuesta es tan reveladora como obscena. Hasta la fecha de su muerte, no se reportaron detenciones ni condenas firmes contra los responsables de la violación grupal de 2022. Los agresores no fueron llevados a juicio con resultados definitivos. Tampoco hay registros de sanciones penales a funcionarios o responsables de los centros tutelados donde Noelia vivió bajo tutela del Estado. Mientras la justicia española movilizó recursos durante veinte meses para resolver si Noelia tenía derecho a morir, la causa penal por la agresión que detonó todo quedó estancada. La misma maquinaria jurídica que procesó con eficiencia su solicitud de muerte no encontró tiempo ni voluntad para condenar a quienes la destruyeron.
Noelia eligió cuatro fotografías para llevarse consigo el día de su muerte: una pintando un cuadro de su madre, otra de su perrita de infancia, la del primer día de colegio, y una imagen de su niñez. Esa selección dice más que cualquier expediente clínico: ella no odiaba la vida. Odiaba la que le tocó vivir. Y lo que resulta imposible de sostener, después de conocer su historia, es que esta sociedad tenga la desfachatez de llamarle “muerte digna” a lo que le ofreció como única salida, sin haber encontrado jamás la misma urgencia para protegerla, para juzgar a sus agresores, para sanar a sus padres, para hacer algo con esa niña de 13 años depositada en un centro del Estado.
La ley española de eutanasia no es el problema central de este caso. Hay situaciones de sufrimiento físico irreversible donde puede ser la única respuesta humana posible. El problema es estructural y más profundo: que esta sociedad encuentre más fácil validar la muerte de una joven que haber intervenido a tiempo en su vida. Que el mismo sistema que no pudo o no quiso proteger a una niña en un hospicio, que no juzgó a los hombres que la violaron, que no sanó el ambiente familiar que la produjo, ahora se vista de humanidad ofreciéndole una inyección letal y llamándolo dignidad. El lavado de manos colectivo no ocurrió el 26 de marzo de 2026. Lleva décadas ocurriendo, en silencio, cada vez que una niña con trastornos emocionales es depositada en una institución, diagnosticada, medicada y dejada sola con su historia.
La inmensa mayoría de las personas que padecen trastornos mentales graves tienen en su historia infantil una marca de abandono, desamor o abuso sexual. Eso no es una opinión ni una hipótesis clínica menor: es uno de los hallazgos más robustos y replicados de la psiquiatría y la neurociencia contemporáneas. El Trastorno Límite de la Personalidad, que tenía Noelia, tiene en muchos casos, una correlación directísima con el trauma temprano. Y sin embargo, la respuesta social ante esas personas sigue siendo la misma de siempre: diagnóstico, medicación, institución, y cuando todo falla, en el mejor de los casos, una muerte administrada. Nunca prevención. Nunca justicia. Nunca responsabilidad de los que causaron el daño.
Noelia Castillo murió el jueves 26 de marzo, sola como lo había pedido, con un vestido bonito y maquillada, porque así quería irse. Sus últimas palabras públicas fueron: “Yo me voy y vosotros os quedáis con todo el dolor. Pero ¿y todo el dolor que yo he sufrido en estos años?” Esa pregunta no tiene respuesta institucional. Pero sí tiene responsables. Y mientras esta sociedad no sea capaz de mirarlos de frente —los padres que fallan, los centros que no protegen, los agresores que no son condenados, los sistemas que abandonan a sus niñas más vulnerables— el eufemismo de “muerte digna” no será más que la respuesta vacía de una “Sociedad indigna”.
Lea además: ¡URABÁ NO SOLO ES ANTIOQUIA, ES COLOMBIA ENTERA!
