La historia de Catalina y una pregunta que la sociedad no puede seguir aplazando
Por: Gloria Montoya Mejía.
Hay historias que llegan y no piden permiso. Que se instalan en el centro del pecho y desde allí lo reorganizan todo. La historia de Catalina y su madre es una de esas. La escuché en una entrevista y no pude sacudirme la sensación de que estaba frente a algo que va mucho más allá de un caso judicial, mucho más allá del debate sobre la eutanasia o el suicidio asistido. Estaba frente al retrato más honesto que he visto en mucho tiempo de lo que significa vivir con una enfermedad mental que no cede, que no descansa, que consume no solo a quien la padece sino a todos los que la rodean con amor.
Catalina tiene aprobada la eutanasia. La Corte ya reconoció que su sufrimiento es real, que es crónico, que no tiene perspectiva de alivio. Eso no es poca cosa en un país que lleva años discutiendo cómo pronunciar “dignidad” junto a la palabra “muerte”. Pero Catalina no quiere la eutanasia. Quiere que se le reconozca el derecho al suicidio inducido. Y la diferencia, que a algunos puede parecer semántica, es en realidad profundamente política: quiere dejar abierta esa puerta para quienes como ella cargan un dolor que la medicina no ha sabido curar, para que no tengan que esperar el permiso de un protocolo, para que el reconocimiento de ese sufrimiento no dependa de la voluntad de un médico o de la redacción de una sentencia.
Esa petición me conmueve. Y también me preocupa. Y creo que ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, y que la sociedad colombiana necesita urgentemente aprender a sostener esa tensión sin resolverla demasiado rápido en ninguna dirección.
La enfermedad que no se ve
El Trastorno de Personalidad Límite —TPL— es una de las enfermedades mentales más devastadoras y menos comprendidas que existen. No tiene la visibilidad de la depresión mayor ni la narrativa cultural del trastorno bipolar. Es una condición en la que el mundo emocional funciona sin los amortiguadores que la mayoría de las personas da por descontados: cada pérdida se siente como un abandono definitivo, cada conflicto como una amenaza existencial, cada momento de dolor como algo que no tiene fondo ni límite. Quienes lo padecen no son débiles ni caprichosos. Son personas que experimentan la realidad emocional con una intensidad para la cual nuestro lenguaje cotidiano no tiene palabras adecuadas.
Y sin embargo, durante demasiado tiempo la psiquiatría y la psicología trataron el TPL como una categoría incómoda, una etiqueta que se ponía cuando los pacientes no encajaban bien en otras categorías, cuando eran “difíciles”, cuando sus crisis desbordaban la paciencia de los sistemas de salud. Hoy hay tratamientos con evidencia sólida —la terapia dialéctica conductual, desarrollada por Marsha Linehan, ella misma diagnosticada con TPL— que pueden cambiar radicalmente la calidad de vida de quienes lo padecen. Pero esos tratamientos son costosos, largos, exigentes, y en Colombia son inaccesibles para la mayoría de las personas que los necesitan. Ese no es un dato secundario. Ese es el centro del problema.
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Preguntarse si Catalina debería tener derecho al suicidio asistido sin preguntarse primero si Catalina tuvo acceso real a los tratamientos más efectivos disponibles es hacer trampa con la pregunta. No porque su sufrimiento no sea real —lo es, y ella lo sabe mejor que nadie— sino porque una sociedad que no garantiza el acceso a la atención en salud mental no puede presentarse con las manos limpias ante la decisión de acompañar a alguien hasta la muerte.
Una madre, una hija, y el peso que nadie reparte
Lo que más me quedó de la entrevista no fue la discusión jurídica. Fue la madre. Una mujer que ha acompañado a su hija durante años por el laberinto de una enfermedad que no tiene mapa claro, que ha visto cómo el sistema falla una y otra vez, que ha tenido que aprender sola un vocabulario médico que nadie le enseñó, que ha sostenido una vida que se deshace y se rehace y se vuelve a deshacer. Y que hoy acompaña a su hija en esta decisión con un amor que no pretende entender del todo, que no pretende estar de acuerdo del todo, pero que no está dispuesto a abandonar. Sus ojos han empezado a enfermarse. Los médicos dicen que es estrés crónico. Ella sabe que es otra cosa: es el cuerpo de una madre que lleva años viendo lo que ninguna madre debería tener que ver, y que ahora se niega, literalmente, a ver a su hija morir. El cuerpo también lleva la cuenta. El cuerpo también cobra.
Esa es la otra cara de la enfermedad mental que nuestra sociedad no ha aprendido a ver: la familia. La enfermedad mental ya es una pandemia silenciosa, y sus consecuencias no se limitan a quien la padece. Desestructura familias enteras. Consume los ahorros, el tiempo, la salud emocional, la vida laboral de padres, hermanos, parejas que se convierten en cuidadores sin haber elegido ese rol, sin recibir formación para ejercerlo, sin ningún sistema de soporte que los sostenga cuando ellos también se quiebran. Hablar de Catalina sin hablar de su madre es contar solo la mitad de la historia.
Tres generaciones y una pregunta sin respuesta fácil
No puedo evitar pensar en esto también desde un lugar generacional. Convivimos hoy en el mismo mundo tres generaciones que llegaron a él en condiciones radicalmente distintas. Una generación —la mía, o algo parecido— que se formó en la escasez, en la espera, en la dificultad como norma. Que aprendió a diferir la gratificación porque no había otra opción, que construyó resiliencia a fuerza de tropezones reales, que encontró en la solidaridad una respuesta práctica a la precariedad compartida. No fue una infancia fácil. Pero fue una infancia con contacto: con la tierra, con el cuerpo, con el tiempo lento, con el otro, pero sobre todo con Dios.
Le siguió una generación que vivió el vértigo del desarrollo tecnológico, la aceleración de todas las posibilidades, el mundo comprimido en una pantalla. Una generación que pudo soñar con cosas que sus padres no se habrían atrevido a imaginar, que viajó con poco dinero, que estudió a distancia, que se comunicó con el planeta entero. Pero que también fue la primera en enfrentarse al abismo entre lo que el mundo prometía y lo que la realidad entregaba, entre la imagen proyectada y la vida vivida. Y que llegó a la adultez con una dificultad nueva para tolerar la frustración, la pérdida, la lucha prolongada, no por debilidad de carácter sino porque nadie le enseñó esas herramientas porque el mundo parecía no necesitarlas.
Y ahora convivimos con una tercera generación: niños y adolescentes conectados a dispositivos desde antes de saber leer, navegando solos en mundos para los que no tienen ni edad ni herramientas. Ya sabemos lo que esos mundos les están haciendo: crisis de autoestima de proporciones que no habíamos visto antes, adicción a pantallas que los sistemas de salud aún no saben cómo tratar, exposición a contenidos que ningún adulto supervisó, y las alertas que se disparan cada vez con más frecuencia sobre trata sexual de menores en redes sociales y suicidio infantil. No son casos aislados. Son síntomas de algo sistémico que estamos tardando demasiado en nombrar como la emergencia que es.
Y entonces me pregunto: cuando uno de esos niños, aplastado por un sufrimiento que no sabe nombrar, que le ha dejado estragos mentales y que nadie a su alrededor supo ver a tiempo, pida que lo dejen morir, ¿qué haremos como sociedad? ¿Nos detendremos a preguntarnos cómo llegó hasta ahí, qué fallamos, qué no le dimos, qué mundo le construimos? ¿O simplemente le daremos una sentencia, prolija y bien redactada, que haga ver que lo acompañamos con dignidad mientras en realidad lo abandonamos con elegancia?
Lo que la sentencia no puede resolver
La Corte tendrá que decidir sobre la solicitud de Catalina. Cualquiera que sea su decisión, será un hito jurídico importante. Pero ninguna sentencia puede resolver lo que está en el fondo de esta historia. Ninguna sentencia puede sustituir un sistema de salud mental robusto, accesible, financiado adecuadamente, que llegue antes de que el sufrimiento se vuelva insoportable. Ninguna sentencia puede enseñarle a una familia cómo acompañar a uno de sus miembros en una crisis psiquiátrica sin derrumbarse ella misma en el intento. Ninguna sentencia puede devolverles a los niños y adolescentes el tiempo de infancia que las pantallas han colonizado.
Me preocupa que abramos puertas legales para el suicidio asistido en enfermedades mentales sin haber construido primero las estructuras que podrían hacer que esa puerta no fuera necesaria para tantos. No porque el sufrimiento de Catalina no merezca respuesta, sino porque el sufrimiento de Catalina tiene también el rostro de miles de personas que nunca llegarán a una entrevista ni a una corte, que no tienen la energía ni los recursos ni el acceso para articular su dolor de la manera en que ella lo ha hecho. Y esas personas también merecen que la sociedad se pregunte qué les debe.
La diferencia entre la eutanasia que la Corte ya le aprobó a Catalina y el suicidio asistido que ella solicita es, en el fondo, una diferencia sobre quién tiene el control de la decisión final. Entiendo el valor de esa distinción para ella. Pero me pregunto —y creo que la sociedad debe preguntarse— si en una enfermedad cuya característica central es la impulsividad y la dificultad para regular las emociones, abrir la puerta al suicidio inducido no tiene consecuencias que aún no dimensionamos. Porque, a diferencia de otras enfermedades, el dolor mental es profundamente dinámico: cambia, fluctúa, se intensifica y se alivia. Y muchas veces quien quiere morir hoy puede querer vivir mañana. Abrir esa posibilidad sin avanzar en la atención integral no es respeto a la autonomía. Es abandono con mejor redacción.
Lo que sí podemos hacer
No escribo esto para cerrar una puerta. La escribo para pedir que abramos muchas más. Que la discusión sobre el caso de Catalina no termine en la sentencia sino que obligue al país a preguntarse en serio qué está haciendo con la salud mental de sus ciudadanos. Que los ministerios de salud y educación traten la crisis de salud mental infantil y juvenil como la emergencia sanitaria que es. Que los sistemas de salud financien los tratamientos con evidencia real para el TPL y no solo los medicamentos. Que las escuelas enseñen a los niños a gestionar emociones con la misma seriedad con que les enseñan matemáticas. Que las familias que cuidan a personas con enfermedades mentales crónicas reciban apoyo, formación y acompañamiento, porque ellas también están en el límite.
La historia de Catalina y su madre nos está diciendo algo que no podemos seguir escuchando a medias. Nos está diciendo que el dolor crónico —el del alma, el que no se ve en una radiografía— es real, es devastador, y merece la misma seriedad que cualquier otra enfermedad. Nos está diciendo que una sociedad que no cuida a sus enfermos mentales no es una sociedad que haya aprendido a cuidarse a sí misma. Y nos está diciendo que la conversación más importante no es si Catalina tiene derecho a morir, sino por qué tantos en Colombia están llegando a ese punto sin que nadie haya llegado antes con algo mejor que la resignación o el silencio.
Hay algo más que no puedo dejar de mencionar porque fue lo que más me detuvo. Al cierre de la entrevista, Catalina le dijo al periodista que ella es atea. Y que a veces piensa que si creyera en Dios, esta enfermedad sería más llevadera. Una atea que, en el momento más honesto de su vida, mira hacia un lugar que su razón rechaza y admite que algo ahí podría darle lo que todo lo demás no ha podido darle. No lo dice como conversión. Lo dice como dolor. Como quien reconoce una ausencia sin saber muy bien qué es lo que falta.
Eso me quedó dando vueltas durante días. Porque vivimos en una sociedad que ha aprendido a tratar el sufrimiento humano desde la farmacología, la psiquiatría, la psicología, las terapias cognitivas y emocionales. Todas herramientas necesarias, todas insuficientes solas. Pero hay una dimensión que hemos ido dejando caer silenciosamente de la conversación sobre la salud mental: la dimensión espiritual. No la religiosa en sentido institucional, no el dogma ni el rito obligatorio, sino algo más elemental: la necesidad humana de sentido, de conexión con algo más grande que uno mismo, de pertenencia a un orden que trasciende el dolor inmediato. Esa necesidad no desaparece porque una persona sea atea. Catalina lo demostró sin proponérselo.
¿A dónde va una sociedad que avanza tecnológicamente a velocidad de vértigo pero que cada día se aleja más de su mundo interior? ¿Qué le ofrecemos a alguien que sufre cuando le hemos quitado o nunca le hemos dado las herramientas para habitar su propia profundidad? La ciencia salva vidas y es indispensable. Pero el ser humano no es solo un cuerpo que hay que equilibrar químicamente ni una mente que hay que reestructurar cognitivamente. Es también un ser que necesita preguntarse por qué está aquí, que necesita sentir que su sufrimiento tiene algún sentido aunque sea mínimo, que necesita una red que lo sostenga más allá del consultorio. Ignorar esa dimensión no es modernidad. Es ignorancia social.
Eso es lo que me dejó esta historia. Una preocupación profunda y una convicción más profunda aún: que todavía estamos a tiempo de hacer las preguntas correctas, si tenemos el valor de hacerlas en serio.
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