Editorial El Occidental
Los gobiernos que se autodenominan progresistas tienen un elemento característico y es poder crear unas narrativas con las cuales pretenden hacer ver bueno lo malo y hacer ver como si lo malo fuera bueno. Ejemplos hay todos sobre el universo de sus ambigüedades que nos permiten ilustrar el engaño a que someten a sus votantes y partidarios que repiten como eco, el retruécano que desean convertir en una verdad y que utilizan como sofisma de distracción ante sus constantes errores.
Este gobierno es una afrenta a la autonomía administrativa, fiscal, local y ambiental de los entes territoriales y de las corporaciones ambientales, no más observar sus falaces propuestas de desmembrar a Antioquia para cumplir los propósitos del emperador de “aplastar a los paisas”. El engaño al que están conduciendo a algunos habitantes del Suroeste antioqueño con las famosas Áreas de Protección para Producción de Alimentos, APPA, que se constituyen de manera inconsulta en determinantes ambientales de superior jerarquía y de Ordenamiento Territorial que desconocen a los Consejos de planeación, alcaldes y concejos municipales, es otro de sus exabruptos, a tal punto que ponen a sembrar arroz a los habitantes de las “llanuras de Betulia y Concordia”.
Lea también: INICIÓ EN ARBOLETES EL CICLO DE CINEFOROS DE “ESTIMADOS SEÑORES” EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA #ESNORMAL
Ahora lo nuevo y último, es el ataque a la autonomía del Distrito Capital de los colombianos. Una resolución emitida por el gobierno nacional que pretende desconocer lo que se ha proyectado en planeación y planificación de la Sabana de Bogotá, definiendo una supuesta “reorganización”, pero al amaño de las ideologías de gobierno, que pone en peligro el desarrollo y hasta la construcción del anhelado metro y otras obras de importancia para la conurbación más grande del país.
Podemos o no ser partidarios del actual alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, pero tal vez desde Enrique Peñalosa ha sido el único mandatario serio que han elegido los capitalinos. Y una cosa es quien sea el mandatario y otra muy distinta es pretender estar por encima de las leyes y la constitución, con visos de un gobierno imperialista que defiende en el discurso la legalidad y la democracia y en sus actos los ataca ferozmente. Disfrazan sobre una supuesta consulta la publicación obligatoria para sanear el embeleco de querer mostrar como protección, lo que es el freno más grande al desarrollo del distrito capital.
Así seguirán actuando en los 18 meses que les resta de gobierno, pues como ha sido su estilo, usurpar funciones, parar las obras de infraestructura, no girar los recursos de compromisos presupuestales, revocar arbitrariamente las concesiones mineras, no proteger las que están en explotación y en fin, un sin número de infundios que también causan daños económicos y jurídicos, que entregarán un estado lleno de demandas por incumplimiento de compromisos, contratos y leyes, unas nacionales y otras internacionales, que tocará al próximo gobierno que se elija sortear con prudencia, conocimiento, sabiduría y diplomacia, es decir con los ingredientes que le han faltado al actual gobierno del cambio. Frenar ya a través del control político, académico, social y jurídico, el raponazo del gobierno nacional a las regiones, es un imperativo de todos los colombianos concientes.
