Por: Balmore González Mira
¿O la política como instrumento de la justicia? Cada día que logramos vivir en el país de los imposibles, nos parece terrible que lo que siempre hemos aprendido y enseñado en las aulas y en las facultades de derecho, se vaya derrumbando por las acciones de quienes dirigen la administración de justicia en Colombia. En un esquema básico del estado de Derecho y en la definición más simple, se ha hablado de la separación de poderes y de la independencia de las ramas del poder público, ejecutivo, legislativo y judicial, como instrumento que garantice la democracia y la libertad como banderas de nuestra constitución política, aquella de la que muchos se vanagloriaban haber construido en 1991.
La anterior afirmación tiene asidero en los adefesios jurídicos que día a día vemos que salen de los estrados judiciales como prueba de que la justicia en Colombia está al servicio de la politiquería; y prueba de ello son los muchos procesos que por vencimiento de términos dejan a culpables en libertad y que hoy de una forma descarada vuelven a ocupar cargos públicos o a aspirar a cargos de elección popular sin sonrojarse, porque son “inocentes” de los cargos que a todas luces se les imputaron y probaron. Ni siquiera era que había indicios, sino que las pruebas eran irrefutables, pero los “tecnisismos de la norma” y el administrador de justicia fueron más valiosos que los hechos allegados al expediente; y las actuaciones de las víctimas terminaron burladas y nuevamente victimizadas por la corrupción rampante de una justicia al servicio de la politica actual.
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Pero contrario a lo anteriormente narrado, también están los múltiples procesos que se abren a los “enemigos políticos” por parte de los jueces y las cortes, que son desempolvados de los anaqueles de “la justicia” en plena época electoral, para hacer ver como delincuentes a quienes no lo son y dejar como inocentes a quienes son verdaderos criminales. Son procesos interminables e inclusive inexistentes que dejan ahí en el imaginario judicial como arma de presión y hasta de ejercicio de proselitismo permanentes que de cuando en cuando son útiles a los intereses de algunos de los actores en contienda.
Es por lo menos decepcionante ver, escuchar, leer o analizar las posturas de unos “H. Magistrados” que tiran por la borda las teorías del derecho para servir de manera irracional a las ideologías que los impulsan o a los odios que lo embargan.
Por ello, no nos debe asombrar que todo fallo emitido por las altas cortes hoy en Colombia sea rechazado, según la conveniencia, hasta por el presidente de la República, que siempre los utiliza como soporte de su discurso ideológico de odios y de lucha de clases. Sin contar que de ahí para abajo, pasando por los irrespetuosos ministros y demás funcionarios, siempre rechazan impetuosamente cualquier decisión judicial que no esté acorde a los propósitos dictatoriales del actual gobierno. De verdad que el compromiso con la institucionalidad de Colombia pasa por la urgente e inaplazable necesidad de una reforma integral a la justicia y a la política criminal de esta herida patria.
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