DEFENSA DE LA PROTESTA SOCIAL Y CONDENA AL TERRORISMO

Editorial El Occidental

El título del presente editorial lo dice todo; desde esta orilla del periodismo de la prensa alternativa regional e independiente defendemos con plena certeza y pleno conocimiento y convencimiento la protesta social, la que se hace de manera responsable y con apego a la Ley y la Constitución. Nada más noble y loable que protestar ante la injusticia, ante la falta de salud, frente a la inseguridad, contra el secuestro, contra los crímenes de líderes sociales y en fin, contra la muerte infame de cualquier ser humano. Nada más justo que la protesta social contra la ineficaz prestación de servicios públicos que no se presten y se estén cobrando. Nada más solidario que la protesta social contra la falta o la mala calidad de la educación en los colegios y universidades.

De ahí a qué se pretenda enmascarar, encubrir o falsear esa protesta social en actos de terrorismo, urbano o rural, hay un camino largo por recorrer, camino que termina en que aquella es legal, legítima y un derecho de quienes la hacen y un deber de respetarla por quienes la observan. Camino que termina en que quienes la desfiguran y la convierten en actos delictivos la llevan a la esfera de lo criminal y a navegar en las conductas delictivas consagradas en el código penal colombiano. Cuando la protesta social siquiera tira una papa bomba, dañan paredes y bienes públicos o privados, queman carros y obstruyen siquiera el paso de vehículos o personal médico, se convierte en actos terroristas que violan muchas normas penales. Y eso es lo que todos tenemos que condenar.

Cuando los supuestos protestantes (terroristas) retienen a gente contra su voluntad, sin ningún eufemismo tienen que ser procesados por secuestro. Cuando queman y destruyen se van al daño en bien ajeno o daño a bienes del estado. Cuando tiran sus artefactos explosivos configuran violencia contra servidor público, homicidios, tentativas de homicidio, lesiones personales, fabricación y uso de armas, y etc, lo que los lleva a una calificación de terroristas bajo un concurso de hechos punibles que no pueden ser premiados como protesta social, declarados líderes sociales y gestores de paz.

Defenderemos la protesta social con ríos de tinta y condenaremos el terrorismo con el mismo caudal con que protegemos con esta pluma a quienes están actuando con criterios legales y constitucionales.

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