Informe especial: El Occidental
El aumento de denuncias sin pruebas, a menudo motivadas por odios familiares, venganzas personales y hasta extorsiones, nos ha llevado a investigar casos en los que la duda queda sembrada para siempre.
La falta de una verdadera política criminal y, en otros casos, el afán desmedido de pagos “para no denunciar” han llevado a que muchas personas estén hoy detenidas o, mínimamente, en el ojo del huracán por presuntos delitos que no han cometido. “No se trata de que no denuncien o no investiguen, pero todos los días hay más personas detenidas por falsas denuncias, especialmente por delitos de tipo sexual, con la simple aseveración de que fueron abusadas,” nos dijo un abogado que prefirió mantenerse en el anonimato. “A quien denuncia hay que creerle, pero determinar si es cierto o no es responsabilidad de los entes investigadores.” “¿Y qué me dicen de las denuncias contra muchos ciudadanos por ‘corrupción’, que dañan la honra de las personas, y cuyo buen nombre nunca es recuperado, pese a que jamás se ha probado nada?” apuntó.
Algunas historias
Los relatos que El Occidental ha venido conociendo se presentarán con nombres cambiados o sin nombres para proteger la identidad de las presuntas víctimas y sus victimarios, y para no entorpecer ninguna investigación judicial.
Prestigiosa abogada perseguida
Un sonado caso en el país involucra a una brillante abogada, quien ha sido perseguida por la empresa en la que laboraba, agotando todo su poder, dinero y capacidad de multinacional para dañar su buen nombre. La investigada llegó a tener una orden de captura internacional. La inteligencia, capacidad académica y presunción de inocencia de la letrada han sido pisoteadas por sus denunciantes e investigadores, quienes lograron privarla de su libertad. Sin embargo, la injustamente procesada ha logrado demostrar su inocencia y recuperar su libertad. “La empresa denunciante la ha tenido, literalmente, satanizada, sin que a la fecha haya logrado demostrar la responsabilidad penal de la notable jurista,” nos comenta alguien cercano al caso. Sin embargo, en la sociedad, y especialmente en el gremio de abogados del país, ha quedado la duda de si esta excelente profesional cometió o no los delitos imputados. Aunque quede definitivamente probada su inocencia, no habrá forma de recuperar su imagen, dañada por una, hasta hoy, falsa denuncia.
Judicializan la justicia
El país ha conocido casos de notables hombres públicos que, con pruebas prefabricadas y falsas denuncias, han llegado a los estrados judiciales, dividiendo al país entre quienes rechazan la situación por injusta y quienes la celebran por el espectáculo político e ideológico que representa. “Condenar al inocente y exonerar al culpable, solo por ser quienes son, es una política criminal en un país de enfermos mentales,” nos dijo un abogado y psicólogo desde su perspectiva. Piezas procesales que no encajan, imputación de nuevos delitos en los expedientes, compra de testigos, testimonios no recibidos y otros cocteles procesales forman parte del espectáculo circense de quienes afirman que la política no se puede judicializar ni la justicia se puede politizar.
Condenados por la prensa
Los anuncios de prensa de casos de corrupción en todo el país han llevado a titulares rojos en los periódicos, donde la sociedad cree a pie juntillas que esa persona estará tras las rejas al día siguiente. Pero muchas veces no hay pruebas y esa página es ocupada por otro titular más grande y con nuevas acusaciones. “Se está condenando a nuestros clientes desde los medios de información, sin ser escuchados y vencidos en juicio, lo que hace nuestras defensas en los estrados judiciales aún más complicadas,” explicó un abogado. La fiscalía, como ente investigador y acusador, no debería prejuzgar en los micrófonos y las páginas de los periódicos. Deben llevar su trabajo a las salas de audiencias. No puede ser que se capture para investigar; la lógica es investigar y, con un acervo probatorio, librar las órdenes de captura. Tampoco puede seguir ocurriendo que alguien, como en el conocido caso de un comerciante de Ituango, Antioquia, haya estado años privado de su libertad, acusado de ser guerrillero, y luego se le diga “perdón, nos equivocamos.”
Delitos sexuales
Pedro es un joven que ayudaba a su padre en una tienda. Un día fue capturado por el presunto delito de acceso carnal con una menor de edad. La denuncia fue presentada por la madre de la menor, una mujer indígena. Tras su captura, fue llevado a un centro penitenciario donde estuvo detenido alrededor de cinco meses. Pedro se había negado a dar dinero a la madre denunciante. Al final, pudo recobrar su libertad porque la madre se retractó, la menor negó el hecho y se supo que la mujer había extorsionado a varios ciudadanos a cambio de no denunciarlos.
José es un comerciante reconocido de un municipio de Antioquia. Se encontraba en una cafetería cuando, al querer subirse a su carro, una menor de edad lo abordó y le pidió que la llevara a su casa. José aceptó y, durante el recorrido, la “entrenada niña” le pidió dinero a cambio de no decir que él trató de manosearla y que muchas personas la vieron subir y bajar del carro.
Una señora denunció a su expareja por supuestamente haber violado a la hija que tenían en común. Después de ser llevado a la cárcel y estar injustamente detenido, se pudo determinar que la violación jamás existió y que la denunciante lo hizo por venganza debido a que él la había abandonado.
Juan es un docente que fue denunciado por una alumna, quien afirmó que él le había dicho que la única forma de aprobar la materia era tener relaciones sexuales con él. En el proceso se evidenció que la menor no hacía nada en clase y que finalmente “le había confesado a una compañera que si ese profesor no le daba la materia aprobada, se iba a vengar de él.” Aunque hoy hay muchos docentes investigados, juzgados y condenados por el execrable delito de violación y abuso sexual en jóvenes en formación, no fue el caso de Juan, quien logró demostrar su inocencia.
Acabar con los delitos sexuales y llevar a los culpables a las cárceles debe ser un propósito no solo del Estado, sino de todos los ciudadanos. Han existido iniciativas de leyes que llevan a la cadena perpetua y, en algunos casos, hasta a la pena de muerte. Sin embargo, como lo hemos escuchado, en el derecho penal la fórmula de Blackstone establece que “es mejor que diez personas culpables escapen a que un inocente sufra.” Este periódico conoció el caso de un funcionario de la fiscalía denunciado por su yerno de haber violado a su nieta, quien tenía una discapacidad cognitiva. En la investigación se probó que no era cierto y que el abuelo jamás la había tocado. La denuncia fue formulada por el padre con el propósito de manipular a su suegro para que le diera dinero para sus gastos.
No podemos cerrar este tema en El Occidental sin hablar de las bárbaras madres que utilizan a sus niños y niñas desde recién nacidos para vender sus cuerpos a criminales sexuales, y de las pocas que han sido capturadas y las muchas que aún siguen en libertad.
