Por: Juan Diego Barrera Arias
La consulta popular se ha convertido en un punto álgido para la institucionalidad colombiana. La terquedad del Gobierno Nacional en abrogarse cómo el emisario único y válido del “pueblo” aunado a emular las labores de la Rama Judicial a establecer que la negativa de la Consulta en el Senado esta viciada; pone en riesgo la democracia de Colombia, pero eso sí, nos deja más claro el talante, que siempre lo ha sido, un ególatra, un dictadorcito.
Esta postura presidencial nos debe permitir abrir el debate sobre lo que en realidad es la democracia y hacer una reflexión de ella en nuestra Constitución.
La democracia no es simplemente el acto de votar; es, ante todo, un sistema de convivencia basado en el respeto a las reglas del juego y a las instituciones que las garantizan (pesos y contrapesos). En las democracias, el voto popular es una expresión fundamental de la voluntad ciudadana, pero su legitimidad y eficacia dependen de que se ejerza dentro de un marco normativo previamente establecido y aceptado por todos, marco que en nuestro contexto se encuentra enmarcado en nuestra Constitución de 1991. Las reglas del juego establecidas en laConstitución, como lo son división de poderes, y garantías institucionales— no son obstáculos al poder del pueblo (de quien emana la soberanía), sino su salvaguarda. Estas reglas son el andamiaje que permite que la voluntad popular se exprese de manera ordenada, pacífica y justa. Sin estas reglas, el voto podría convertirse en un instrumento de imposición o de arbitrariedad, en lugar de ser una herramienta de participación y construcción colectiva, en otras palabras, una dictadura democrática de la mayoría.
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El respeto a las instituciones es igualmente esencial. Estas no son entes abstractos, sino estructuras vivas que canalizan, equilibran y hacen posible el ejercicio del poder democrático. Desconocerlas o debilitarlas en nombre de una supuesta voluntad popular inmediata es socavar los cimientos mismos de la democracia y la institucionalidad.
Por ello, en una verdadera democracia, incluso la mayoría debe someterse a las reglas. La legitimidad del voto no reside únicamente en su cantidad, sino en su conformidad con el marco legal e institucional. Solo así se garantiza que todos los ciudadanos —mayorías y minorías— puedan convivir en un sistema donde los derechos, la justicia y la libertad estén protegidos.
La democracia no es solo el gobierno de la mayoría, sino el gobierno de la ley, el Estado sometido a la Constitución. Es el respeto a las reglas del juego lo que convierte al voto en un acto democrático y no en una simple manifestación de fuerza numérica. Así las cosas, la Consulta popular no puede ser un mecanismo de participación que socave la misma democraciacomo lamentablemente el Gobierno Nacional lo está utilizando. Esperemos que bajo la sensatez, se recule esta decisión impostora de los poderes legislativos y judicial y comencemos a elaborar políticas públicas fundamentadas en la cohesión de todos los que conformamos la sociedad, mayorías y minorías, empresarios y trabajadores, región y centralismo, al fin de cuentas la civilidad es vivir todos sin imposición de unos a otros en democracia.
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