Por: Félix Alfazar González Mira
La Constitución de 1991 proclamó a Colombia como un Estado unitario, pero descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales. En materia fiscal, determinó incrementar las transferencias de recursos a los territorios de manera progresiva, hasta llegar al 46,5 % de las rentas estatales en 2001.
Pareciera que a los constituyentes del 91 los iluminó el espíritu de los constituyentes de la Constitución radical de Rionegro de 1863, pues esta permitió que el 46 % de las rentas fueran administradas por los Estados soberanos, es decir, por las regiones. Sin embargo, en materia fiscal seguimos anclados a un centralismo que contradice el espíritu de la Carta Política.
Representantes a la Cámara y senadores dedican buena parte de su tiempo a gestionar recursos ante el gobierno central, cuando su función constitucional es legislar y ejercer control político. El Congreso legisla poco porque gestiona demasiado. Se dedican más al menudeo presupuestal que al debate de los grandes temas nacionales. Todo el poder político sobre el fisco lo convierten en moneda de transacción, que muchas veces deriva en prácticas de corrupción, lo que tanto daño le ha hecho, ante la opinión pública, al Congreso Nacional.
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El Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías son mecanismos de transferencia diseñados desde Bogotá, con reglas, fórmulas y controles centralizados. Las regiones ejecutan, pero no deciden plenamente; administran, pero no recaudan. Este diseño convierte a los congresistas en intermediarios presupuestales, no en legisladores. El éxito político se mide por partidas gestionadas, no por leyes bien pensadas.
La historia demuestra que la autonomía funciona. Cuando Antioquia fue un Estado soberano en el siglo XIX, bajo el liderazgo de Pedro Justo Berrío, se consolidaron las bases de su prosperidad: infraestructura, educación, banca y comercio. La autonomía fiscal y administrativa permitió decisiones rápidas, coherentes con la vocación regional y con una visión de largo plazo. No fue el centralismo el que impulsó a Antioquia, sino su capacidad de autogobierno.
Antioquia, encerrada entre montañas, no aparecía en el horizonte nacional. El poder estaba en Bogotá, Popayán, Cartagena y Tunja. La autonomía fiscal le permitió a Antioquia despuntar con fuerza en el escenario nacional. ¡Cuántas gestas y epopeyas acontecieron en nuestro departamento entre 1856 y 1886, cuando existía poder autonómico regional!
Hoy las regiones, departamentos y municipios administran el irrisorio 14 % de las rentas estatales. Todo viene de la centralidad bogotana. Y esta ciudad, nuestra capital, es también víctima —y a la vez actor— de la rapacidad del Estado central, acentuada a niveles superiores en este gobierno, que intenta por todas las aristas arrebatarle rentas a los territorios y a los ciudadanos para alimentar su aparato insaciable.
El argumento fiscalista surge de inmediato: si se fortalecen las regiones, ¿de dónde saldrá el dinero para pagar la deuda externa, que se ha incrementado notablemente en el actual gobierno? La respuesta no es mantener el centralismo, sino redefinir responsabilidades. El Estado central debe concentrarse en la estabilidad macroeconómica, la deuda, la defensa y la política exterior, así como en la infraestructura que integre la geografía nacional; las regiones, en su propio desarrollo, con mayor recaudo local. La autonomía no debilita la Nación: puede fortalecerla al ampliar la base productiva y tributaria.
Persistir en el modelo actual es cómodo para la política clientelista, pero costoso para la democracia. Mientras las regiones dependan del favor del centro y los congresistas hagan campaña con recursos que no administran, la descentralización y la autonomía seguirán siendo un discurso vacío.
Colombia necesita menos intermediarios y más responsabilidad territorial. Menos congresistas gestores y más legisladores. Menos centralismo fiscal y más autonomía regional. Lo demás es seguir administrando una ficción constitucional.
A recuperar el espíritu de la Constitución de 1991 llaman los tiempos que corren.
¿Habrá que esperar a que el gobernador Andrés Julián Rendón termine sus responsabilidades con Antioquia para poner en el foco del debate nacional esta tarea inconclusa establecida en la Carta Política de 1991???…
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