Por: Félix Alfazar González Mira
El concepto de seguridad ha evolucionado desde la protección física frente a amenazas externas e internas, como invasiones y delincuencia, hasta incluir aspectos económicos, sociales y ambientales. En estados democráticos, también abarca la protección de los derechos humanos y las libertades civiles, garantizando que el poder del Estado no se utilice arbitrariamente. La relación entre democracia y seguridad es intrínseca, ya que asegura el ejercicio de derechos y fortalece la democracia misma. En este contexto, es fundamental para el desarrollo y estabilidad de la sociedad, y debe ser integral, abordando tanto amenazas tradicionales como nuevas, como el crimen organizado, la corrupción, el terrorismo, las amenazas cibernéticas y el cambio climático.
Durante su gestión como alcalde de Medellín, el Dr. Álvaro Uribe Vélez creó el Fondo Metropolitano de Seguridad, conocido como “Metroseguridad”, financiado mediante una sobretasa a la telefonía fija de los 10 municipios que conforman el Valle de Aburrá. Esta medida fue implementada a través del acuerdo municipal 025 de 1982, que lo autorizó para tal propósito.
Recordemos que en esa época existían organismos con dudosa institucionalidad y legalidad que ofrecían servicios de seguridad a la ciudadanía desde el ámbito civil. Un ejemplo de ello es el Departamento de Orden Ciudadano (DOC), encargado de la vigilancia y seguridad ciudadana. Todo ello se consolidó en la institución Metroseguridad, que aún existe bajo el nombre de Esu, Empresa de Seguridad Urbana. Las iniciativas con impactos positivos en las comunidades logran sostenibilidad debido a la evidente y persistente necesidad que satisfacen.
Durante su mandato en el gobierno nacional, y en medio de la crisis económica más grave que enfrentaba el país, se recurrió al impuesto al patrimonio para fortalecer el Plan Colombia con recursos propios. Este enfoque permitió iniciar la recuperación de territorios controlados por el terrorismo, transformando al país de un “estado fallido” en 2002 a una destacada “estrella latinoamericana” en 2010, en gran medida gracias a la política de Seguridad Democrática.
El señor Gobernador Andrés Julián Rendón, con buen juicio, con la necesidad sentida ante la ausencia total de articulación integral con el gobierno nacional y ante el incremento permanente de actos y hechos delictivos en el territorio; ha propuesto un esfuerzo regional colectivo para asegurar recursos hacia el propósito superior de la seguridad, que garantice mayores y mejores condiciones para la inversión alentadora del empleo y el ingreso de los antioqueños. En el entendido que la seguridad es de efecto transversal que rebota sobre todos los sectores económicos, además de la convivencia ciudadana y la violencia intrafamiliar. No se comente por sabido en la nueva economía que representa el turismo en ascenso, necesario para que por todas las venas y arterias viales se inunden todos los municipios de Antioquia de nacionales y extranjeros, en su aspiración de conocer todas estas tierras arrugadas con sus historias, sus gentes y costumbres.
En ese sentido el señor gobernador requiere, en estos momentos de abandono del gobierno nacional y de dificultades en ascenso todo el apoyo y aliento de la totalidad de la sociedad Antioqueña y todos sus sectores y gremios para avanzar en el plan de seguridad que busca fortalecer las instituciones, promover la participación ciudadana, prevenir el crimen, combatir el crimen organizado, derrotar al narcoterrorismo, proteger los derechos humanos, mejorar la seguridad cibernética, apoyo a organismos de justicia y gestionar los riesgos de manera efectiva, asegurando así un entorno seguro y democrático para todos los habitantes de Antioquia.
