Por: Félix Alfázar González Mira
Alfonso López Pumarejo solía formular, en momentos de incertidumbre, una pregunta que hoy recobra plena vigencia: “¿Qué está pensando Antioquia?”. Conviene traerla de vuelta, porque mientras el país asimila con desconcierto los efectos de una política catastral desbordada, Antioquia ofrece —una vez más— una respuesta sobria, técnica y profundamente institucional.
El artículo primero de la Constitución no es una concesión retórica: es una arquitectura de poder. La autonomía territorial no adorna el Estado, lo estructura. Sin embargo, el Gobierno nacional parece decidido a erosionarla, sustituyéndola por un centralismo arrollador que no solo resulta ineficiente, sino fiscalmente torpe y políticamente temerario. No hay aquí una visión de Estado, sino una pulsión de control.
Antioquia ya ha transitado ese conflicto. Desde finales del siglo XIX, frente a cada arremetida centralista, respondió con construcción institucional propia: EPM ( servicios públicos diversos), IDEA (crédito público ), EDATEL (telecomunicaciones), ACUANTIOQUIA (acueductos y alcantarillados), entre otras, no fueron accidentes administrativos, sino decisiones deliberadas de autogobierno. Una tradición que hunde sus raíces en la Constitución de Rionegro de 1863 y que hoy conserva plena vigencia.
Recrea el Intelectual y escritor Alberto Velásquez Martinez en su habitual columna del miércoles de El Colombiano como en 1934 en Antioquia se realizó la Convención Nacional Descentralizadora y en la inauguración el jurista Libardo López decía, ” La Descentralización cambiará la faz de la República. El sistema limosnero de la Nación respecto a los departamentos, y de estos en sus relaciones con los municipios constituye a estos dos organismos en mendigos …Viva cada cual-Nación, Departamento,Municipio- de sus recursos propios, acreciéntelos y permítaseles invertirlos a su talante, buscando la cooperación para lograr el bienestar común.” Si esa advertencia hubiese sido atendida con seriedad por los gobiernos sucesivos, el país no estaría hoy atrapado en esta tensión estéril entre dependencia fiscal y retórica redistributiva. Los arreglos institucionales sólidos no solo generan crecimiento: dignifican la vida democrática.
El catastro es hoy la prueba más elocuente. Bajo la administración de Andrés Julián Rendón, el departamento ha asumido con rigor lo que el nivel central ha convertido en fuente de incertidumbre: la actualización catastral como instrumento técnico, de planeación del territorio, de ordenamiento ambiental, de seguridad jurídica de la propiedad y no como mecanismo de presión fiscal. Aquí no se gobierna a golpe de sobresaltos ni de consignas, sino con método, gradualidad y responsabilidad institucional.
El contraste con la política nacional es difícil de disimular. Donde el ciudadano percibe arbitrariedad, Antioquia introduce criterios; donde hay imposición, ofrece coordinación; donde el Gobierno central improvisa, el departamento planifica. La experiencia administrativa del gobernador en Rionegro no es anecdótica: es evidencia de que es posible fortalecer las finanzas públicas locales sin dinamitar la confianza social.
En ese entramado, VALOR+ ha desempeñado un papel técnico relevante, ejecutando —en coordinación con la administración departamental— un modelo de catastro multipropósito que, por primera vez en Colombia, alcanza escala regional. Los reclamos existen, como en toda política pública seria. La diferencia es sustancial: aquí se tramitan; desde el centro, con demasiada frecuencia, se desestiman o se politizan.
Lo verdaderamente preocupante no es el debate catastral en sí mismo, sino la reacción del poder central. Gustavo Petro ha optado por una narrativa de confrontación permanente: simplifica problemas complejos, descalifica a los contradictores, aviva la lucha de clases, repite las mentiras y, en no pocas ocasiones, distorsiona deliberadamente la discusión técnica. No corrige, no matiza, no escucha. Y en política pública, esa combinación no es solo costosa: es irresponsable.
Más grave aún: se gobierna como si el país fuera homogéneo, como si las realidades territoriales fueran intercambiables y como si la legitimidad pudiera imponerse desde el centro mediante decretos y discursos. Ese error no es menor; es el tipo de error que históricamente ha fracturado la relación entre la Nación y las regiones.
Antioquia, entretanto, insiste en una idea tan elemental como exigente: gobernar es comprender el territorio. Y comprenderlo implica respetar su autonomía, fortalecer sus capacidades y asumir responsabilidades con rigor técnico, no con voluntarismo ideológico.
Quizá valdría la pena que, en lugar de invocar selectivamente a López Pumarejo, el presidente atendiera el sentido completo de su pensamiento. O, mejor aún, que se atreviera a retomar su pregunta —“¿Qué está pensando Antioquia?”—, pero esta vez con la disposición genuina de escuchar la respuesta de ésta tierra entera !!!!
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