El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, elevó una solicitud ante la Corte Constitucional para que se declare inconstitucional el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, norma que habilita al Gobierno Nacional para definir, sin consulta previa a los entes territoriales, las llamadas Zonas y Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA y APPA).
La preocupación central del mandatario antioqueño es que esta legislación lesiona la autonomía municipal y debilita la capacidad de los concejos locales para decidir sobre el uso del suelo en sus municipios. Según explicó, la norma le permite al Ministerio de Agricultura intervenir directamente en los territorios, sin establecer mecanismos de coordinación ni concertación con las autoridades locales.
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“Se trata de una imposición centralista que desconoce el modelo de descentralización y autonomía territorial consagrado en nuestra Constitución”, argumentó Rendón en el documento radicado ante la magistrada ponente Natalia Ángel Cabo.
El artículo en cuestión es el que sustenta, por ejemplo, la intención del Gobierno Nacional de establecer ZPPA en el Suroeste antioqueño, como antesala para declarar APPA en la región. Esta medida ha generado resistencia entre líderes regionales que ven en ella una amenaza a los principios constitucionales de autogobierno local y a la planeación participativa del territorio.
Rendón no está solo en su reclamo: organizaciones como la Federación Nacional de Departamentos, Fedemunicipios, Asocapitales, así como académicos y juristas, han expresado su desacuerdo con la norma, señalando que rompe el equilibrio entre el poder central y los gobiernos subnacionales.
El Gobernador también advirtió que la falta de mecanismos de articulación entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales no solo viola varios artículos de la Carta Magna, sino que además podría traer consecuencias prácticas negativas, al imponer desde Bogotá decisiones que deberían ser construidas con conocimiento del territorio y sus comunidades.
La solicitud se da en el marco de una demanda de inconstitucionalidad ya admitida por la Corte en marzo pasado, lo que abre la puerta para un debate de fondo sobre los límites del poder central en el diseño y control del ordenamiento territorial.
