Por: Héctor Quintero Arredondo
Esta semana conocí un documento que se mueve entre los diputados de Colombia, que busca su respaldo como mínimo en un 20%, para poder presentarse como proyecto de acto legislativo al Congreso. Su autor es el gobernador de Antioquia a quien le ha tocado sufrir los golpes del centralismo.
De manera sintética como debe ser un articulo de opinión, expongo lo esencial:
1- Declara que los impuestos sobre la renta y el patrimonio (que pereza hablar de este último) de las personas naturales y jurídicas que allí residan pasan a ser propiedad de los Departamentos y del Distrito Capital por mandato constitucional. Con ello los Departamentos dejarían de ser los patitos feos y pobres de las entidades territoriales y se colocarían en papel protagónico.
2- Se mantiene el sistema general de participaciones (SGP), pero ahora se lo apellida como “territorial”, para declarar que esa propiedad es una clara muestra del desarrollo autonómico.
3- Todas las obligaciones del SGPT se mantienen y se someterán a lo que disponga la ley de competencias, pero no se financiarán con el aumento en un porcentaje por doceavas de los ingresos corrientes de la Nación, hasta llegar al 39.5% de los mismos, sino que se financiarán con los impuestos de renta y patrimonio.
4- Se mantiene intacta la filosofía de los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, equidad social, solidaridad ahora calificada como territorial y eficiencia..
5- Como la ley de competencias debe expedirse, podrán aprovecharse las novedosas figuras que plantea: autonomismo, gobierno abierto, nuevas formas de vigilancia ciudadana, incentivos por esfuerzo y publicidad en la información. Eso sí, propone suprimir la iniciativa del gobierno, aunque mantiene la necesidad del visto bueno del Minhacienda.
6- Para reemplazar el sistema de financiación ordena que máximo en cuatro años, el Estado debe garantizar el cumplimiento de lo dispuesto.
7- Crea unas figuras novedosas: en concordancia con la asimetría, podrá llegarse al recaudo directo y se define que para los efectos de la estructura de los tributos se utilizará el concepto de “competencias concurrentes diferenciadas” entre el Congreso, las Asambleas y el Concejo de Bogotá, con los cual se garantiza la unidad nacional, la legalidad y la certeza en el tributo.
Ahora – mientras se busca el apoyo del 20% de los diputados- vendrán los lamentos mentirosos: que los departamentos pobres sufrirán, que las finanzas nacionales no pueden, que no hay unidad ni solidaridad. Buen debate va a producirse. El Estado Colombiano tiene que reformarse y ésta si es una propuesta concreta y de fondo.
