Por: Félix Alfázar González Mira
“Sin Antioquia es imposible la Patria Milagro”, decía el presidente De la Espriella durante el desfile del 20 de julio en Medellín. Posteriormente, en el Túnel del Toyo, resaltó el talante del pueblo antioqueño.
En 1863, Antioquia pasó de ser “la provincia más atrasada del Reino” a convertirse en la más adelantada, como premonitoriamente lo había asegurado setenta años antes el oidor Mon y Velarde. Sin embargo, él no podía prever que sería el arreglo institucional el verdadero responsable de ese salto en el desarrollo, y no únicamente la riqueza de sus tierras o el espíritu luchador del montañero. Fue necesaria la concurrencia de lo material —la riqueza de sus recursos y sus vertientes— con lo inmaterial: el tesón, la capacidad emprendedora y el espíritu indomable de esta tierra.
También fue decisiva la Constitución Radical de Rionegro de 1863, cuyas posibilidades Antioquia, por encima de los demás Estados Soberanos, supo aprovechar para potenciar sus capacidades de desarrollo. No se enredó en conflictos internos, no se desgastó en disputas con el gobierno central, no se distrajo en asuntos menores ni consumió sus energías en lo cotidiano. Por el contrario, con la plena autonomía política, administrativa y fiscal que le otorgaba la Constitución, transformó la educación desde la enseñanza primaria hasta los talleres de artes y oficios; creó la primera Escuela de Minas de América Latina; fortaleció la Universidad de Antioquia y las facultades de Medicina y Derecho; construyó caminos y puentes para impulsar la competitividad; emprendió el histórico Camino de Occidente con el Puente de José María Villa sobre el río Cauca con el propósito de llegar al mar de Urabá; y consolidó la mayor epopeya de expansión territorial conocida en el país: la Colonización Antioqueña del Viejo Caldas, el norte del Valle y el Tolima.

Bastaron los 23 años de vigencia de aquella Constitución para que Antioquia tomara la delantera en el desarrollo nacional. Y la explicación es clara: gozaba de una autonomía integral. Política, porque elegía a sus gobernantes; fiscal, porque los Estados Soberanos administraban cerca del 46 % de los recursos públicos; y administrativa, porque podían decidir libremente en qué sectores y territorios invertir para promover el desarrollo regional y local.
Hoy, en contraste, los territorios apenas administran el 14 % de los recursos públicos, mientras el centralismo concentra el 86 % restante.
Desde Antioquia vuelve a escucharse el grito de la autonomía; el grito de la libertad; el grito de la montaña para toda la llanura colombiana; el grito emancipador de las regiones; el grito del desarrollo, de la prosperidad, de la seguridad y de la paz. Es el llamado al poder autonómico de todas las localidades y regiones de la patria, representado en la propuesta del gobernador Andrés Julián Rendón de impulsar un referendo fiscal, respaldado por los diputados de Colombia. La iniciativa busca que el impuesto sobre la renta y el impuesto al patrimonio se recauden en los departamentos, transformándose en un nuevo Sistema General de Participaciones Territorial, con capacidad para consolidarse en arreglos de hacienda pública con la nación durante los próximos cinco años.
Esa es, a mi juicio, la verdadera garantía para avanzar hacia la “Patria Milagro”. La descentralización Autonómica fortalece el crecimiento económico, profundiza la madurez democrática, amplía la participación ciudadana, empodera a las comunidades, facilita el control social sobre los recursos públicos y hace realidad el propósito de la Constitución de 1991: consolidar un verdadero Estado social de derecho.
Es darle oportunidad a la constitución de rescatar su espíritu primigenio: haber sido el gran acuerdo de la sociedad colombiana para superar violencias y avanzar hacia estadios superiores de desarrollo y la descentralización Autonómica es de los pilares fundamentales para alcanzar esos propósitos hoy visualizados en ” La Patria Milagro”.

