Por: Jorge Alberto Jaramillo Pereira- Exsecretario de Minas de Antioquia
La minería ocurre en los territorios, no en Bogotá. Colombia debe retomar una discusión fundamental: la importancia de delegar la gestión minera a los departamentos. La delegación agrega capacidad, coordinación y cercanía; no es simplemente trasladar una competencia administrativa de Bogotá a las regiones, es fortalecer la capacidad del Estado para gobernar integralmente los territorios donde existe actividad minera importante.
Delegar la minería no es fragmentar la política minera nacional, sino convertir el conocimiento del territorio y la autoridad minera en una política de desarrollo territorial. Es acercar su gestión al territorio, articular instituciones y convertir la riqueza del subsuelo en capacidades y oportunidades sobre el suelo. En otras palabras, es mejorar la gobernanza territorial
La experiencia de Antioquia demuestra que cuando la autoridad minera está cerca del territorio, puede existir una capacidad de respuesta y articulación mucho mayor. La minería no consiste solamente en extraer minerales del subsuelo: está relacionada con el suelo, el agua, el ambiente, la seguridad, el empleo, la infraestructura, la agricultura, las comunidades y el desarrollo empresarial. Sus problemas, por tanto, tampoco son exclusivamente mineros.
Una Secretaría de Minas integrada al Consejo de Gobierno Departamental permite que la minería dialogue permanentemente con Agricultura, Ambiente, Planeación, Infraestructura, Seguridad, Educación y Desarrollo Económico. Así, el gobernador puede conocer de primera mano las dificultades y oportunidades del sector y articular respuestas con alcaldes, comunidades y Gobierno Nacional.
La cercanía importa. Frente a la extracción ilícita de minerales, por ejemplo, la autoridad minera no puede actuar sola. Pero una institucionalidad minera territorial puede coordinar inmediatamente con las autoridades de seguridad, los municipios y la Fuerza Pública. Esa capacidad de articulación es una ventaja que no debería perderse.
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La experiencia antioqueña también muestra que la formalización minera puede ser una fuerte herramienta de desarrollo. Formalizar a un minero significa abrirlela puerta a mercados legales, financiación, tecnología, mejores prácticas, generación de empleo y pago de impuestos y regalías. Además, la actividad minera formal dinamiza el comercio, el transporte, los servicios y otras actividades productivas.
Antioquia es líder nacional en formalización minera. Durante el período 2020-2023, la Secretaría de Minas, en ejercicio de la delegación minera, acompañó a 14.087 pequeños y medianos mineros en sus procesos de regularización y logró formalizar a 7.180, cerca del 40 % del total de mineros formalizados en Colombia durante ese período. Estos resultados evidencian el valor de una gestión minera cercana al territorio, con capacidad técnica para acompañar al pequeño minero y avanzar de manera efectiva hacia la legalidad y una minería bien hecha.
Colombia enfrenta una informalidad laboral del 54,6 %, frente al 22,4 % de Uruguay, la tasa más baja de Latinoamérica. Esta brecha también se refleja en el nivel de riqueza: en 2025, el PIB per cápita fue de aproximadamente US$8.562 en Colombia y US$25.216 en Uruguay, es decir, Uruguay registra casi tres veces el PIB per cápita colombiano. La comparación muestra que formalizar la economía no es solo una cuestión laboral: es una condición para generar mayor productividad, ingresos, protección social y capacidad de desarrollo.
Igualmente, la delegación minera deberá ir acompañada de mayor asignación de recursos, en especial los generados por los propios territorios, como son las regalías, actualmente con una asignación del 20% de los ingresos del Sistema General de Regalías (Ley 2056 de 2020). Los territorios que asumen los desafíos de la minería deben tener capacidad para convertir parte de esa riqueza en infraestructura, educación, productividad, restauración ambiental y nuevas oportunidades económicas.
Nuestra propuesta de Ecominería, plantea un concepto integral: desarrollar responsablemente el subsuelo, pero también fortalecer el suelo, proteger el agua y la biodiversidad, recuperar áreas intervenidas,generar empresas y especialmente, desarrollar capacidades que permanezcan en el territorio cuando el mineral se haya agotado.
Esta idea coincide con el pensamiento del premio Nobel de Economía Amartya Sen, para quien el desarrollo consiste en aprovechar las ventajas comparativas de los territorios y en potencializar los talentos con que nacimos para expandir las capacidades de las personas y alcanzar mejores niveles de vida. Aplicado a la minería, el desafío no es solamente generar riqueza mientras existe el recurso, sino utilizarla para ampliar las capacidades productivas, sociales, educativas y empresariales de las comunidades.
Es por todo lo anterior, que delegar no significa quitarle competencias a la Agencia Nacional de Minería. La ANM debe conservar su papel rector, establecer políticas, estándares y criterios nacionales, y evaluar la gestión mediante indicadores. Los departamentos pueden ser sus aliados estratégicos para ejecutar esa política en el territorio. Una autoridad nacional fuerte, articulada con gobiernos departamentales con capacidad de gestión, puede producir mejores resultados que una institucionalidad excesivamente concentrada y distante.
La delegación minera no debe plantearse como una disputa entre Bogotá y las regiones, sino como una alianza para gobernar mejor la minería. Antioquia tuvo una experiencia que merece ser evaluada con datos, aprender de sus aciertos y corregir sus errores. El reto ahora es construir un modelo moderno que articule minería, regalías, Ecominería y desarrollo territorial, porque la minería no debería limitarse a extraer riqueza del subsuelo: debe convertir esa riqueza en capacidades, oportunidades y desarrollo permanente sobre el suelo.
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