El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, revocando así la condena de 12 años de prisión domiciliaria que había sido impuesta en agosto pasado.
La decisión marca un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales más mediáticos de la historia reciente de Colombia.
Los magistrados de la Sala Penal del Tribunal concluyeron que existían deficiencias estructurales en la valoración de pruebas, irregularidades en las interceptaciones telefónicas utilizadas durante el proceso y ausencia de evidencia directa que comprobara que Uribe hubiese ordenado o condicionado las declaraciones de los testigos. En el fallo se determinó que la figura del dolo eventual no fue correctamente aplicada y que las pruebas presentadas no alcanzaban el estándar requerido para una condena.
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Con esta decisión, la justicia colombiana anula la sentencia del Juzgado 44 Penal de Bogotá que había hallado al exmandatario responsable de manipulación de testigos, caso que surgió a raíz de denuncias de supuestos vínculos con grupos paramilitares. Los magistrados consideraron además que las interceptaciones utilizadas como elemento probatorio no cumplían con los requisitos de legalidad y, por tanto, no podían ser fundamento para una condena.
La resolución generó reacciones inmediatas en el panorama político nacional. Los seguidores del expresidente celebraron la absolución como un acto de justicia y reivindicación de su inocencia, mientras que sectores críticos expresaron preocupación por lo que califican como un retroceso en la lucha contra la impunidad. Desde el gobierno, el presidente Gustavo Petro manifestó su inconformidad a través de un mensaje en redes sociales en el que advirtió que la decisión “borra parte de la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia”.
A pesar de la absolución, el proceso judicial podría no haber llegado a su fin. La Fiscalía General de la Nación y los representantes de las víctimas podrían presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, lo que prolongaría la controversia legal. Mientras tanto, Uribe recupera la libertad plena y la posibilidad de participar activamente en la vida política del país, sin las limitaciones que le imponía su condena.
El caso de Álvaro Uribe Vélez, que ha dividido a la opinión pública durante más de una década, representa un punto de inflexión en el debate nacional sobre la justicia, el poder político y la memoria del conflicto armado. La absolución del expresidente no solo redefine su situación judicial, sino que también influirá en el escenario político que se avecina en Colombia.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá quedará como un acontecimiento de trascendencia nacional, que reconfigura la historia reciente del país y abre un nuevo capítulo en el legado de uno de los líderes más influyentes y controvertidos de la política colombiana.
Redacción EL OCCIDENTAL
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